“La comunidad de Sardinata no reconoce a Víctor Julio Rangel González como alcalde”.

Esa es la contundente frase con la que 20 líderes comunitarios del municipio exigieron al gobernador William Villamizar que el alcalde encargado salga del cargo.

Las acusaciones van desde presuntos malos manejos en los procesos de contratación, hasta el abandono de sus responsabilidades, y el monopolio de algunos de sus servidores, en detrimento de lo construido en el plan de desarrollo municipal, elaborado desde y para las comunidades.

Según Yesid Oswaldo Roa, secretario de Asojuntas, no solo es el incumplimiento del mandato popular lo que tiene hastiada a la gente, sino la falta de respuesta de las autoridades para definir qué ocurrirá con Yamile Rangel, alcaldesa electa.

Actualmente, Yamile Rangel paga casa por cárcel, por celebración indebida de contratos, y espera desde hace siete meses el fallo por una apelación.

Con una decisión definitiva, si es desfavorable para Rangel, se convocaría nuevamente a elecciones; pero mientras eso ocurre seguirá el alcalde encargado, con el que los habitantes han tenido inconvenientes.

“Pedimos la renuncia voluntaria o la destitución del alcalde, porque no está cumpliento con el programa de gobierno, y para eso necesitamos que el gobernador nos atienda”, señaló Roa, quien agregó que en este proceso de designación del mandatario hay irregularidades.

Para el líder, no se tuvo en cuenta que Rangel González es sobrino de la alcaldesa y que además fue designado sin cumplirse un año de su salida como alcalde de Bucarasica, en la que estuvo en el periodo 2012-2015.

Sumado a lo anterior, la comunidad denuncia irregularidades en la ejecución presupuestal de obras, como la hecha en la cancha del barrio Botello Gómez.

Viviana Díaz, presidenta de la junta comunal, expresó que “ese contrato, en el que se invirtieron más de $11 millones tenía un plazo de ejecución de 15 días, pero se hizo en solo tres”.

En imágenes suministradas por la denunciante, se aprecia que la pintura fue aplicada irregularmente, sin preparar el terreno, y con fisuras que nunca fueron reparadas.

“En diciembre se hizo el compromiso de que se ejecutaría nuevamente el contrato, pero a la fecha eso no ha ocurrido”, declaró Díaz.

Así mismo, se pide que se cumple con un proyecto de mejoramiento de praderas en la vereda El Guamo, donde se está desarrollando un proyecto de sustitución de cultivos, mientras que en la vereda El Vado hay retrasos en el alcantarillado.

Adicionalmente, la escuela de las veredas San Roque y La Popa están en paro, porque allí también se está exigiendo la salida del coordinador, también por posibles malos manejos de los recursos de las escuelas.

“Estamos hasta el cuello y ya no aguantamos más irregularidades”, dijo Yuri Ruiz, presidenta de la junta de La Popa.

La Opinión trató de dialogar con el alcalde, pero no contestó llamadas ni mensajes.

Lo que dijo el gobernador

Aunque los líderes esperaban encontrarse con el gobernador William Villamizar, no lograron su cometido, pero se definió que este viernes se hará una reunión entre él y seis representantes de las veredas.

En relación con el caso, Villamizar expilcó que se cumplió con la norma para que la falta temporal de un alcalde se resolviera con el encargo.

Para ello, se solicitó al partido Conservador la terna, de la cual se seleccionó al alcalde.

“Nosotros no podemos pedir otra terna”, dijo. “Esperamos que se resuelva rápidamente la situación de la alcaldesa para que vuelva a su cargo, o se convoque a elecciones”.

En relación con las denuncias expresó que “es una situación local en la que no podemos intervenir, porque la comunidad tiene sus mecanismos para revisar si se cumple o no el plan de desarrollo”, e insistió en que el alcalde se designó conforme a la ley “y no podemos removerlo”.