El viernes se instaló por primera vez en la historia nortesantanderana la Mesa territorial de garantías para defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunitarios, con el fin de que existan acciones efectivas de protección para ellos.
Según el secretario de Gobierno del departamento, Édgar Pallares, la mesa busca facilitar el diálogo “entre la institucionalidad con competencia en la defensa de derechos, como Fiscalía, Ejército, Policía, Unidad Nacional de Protección, entre otros, y los líderes para que puedan ejercer sus derechos de forma tranquila”.
El funcionario señaló que en materia de derechos humanos hay dificultades, confirmadas con el informe de Naciones Unidas de 2016, el cual muestra el recrudecimiento de la violencia y el incremento de actividades ilegales en la región, que ponen en riesgo la vida de los defensores.
Para este nuevo proceso “construir confianza es fundamental, para que no se sientan solos en su labor, porque la prioridad de esta mesa es promover y defender la vida”, agregó.
Pero además de rodear a los defensores, habrá tareas por cumplir, según dijo Aldo Morales, vocero del Pnud y encargado de la secretaría técnica de la mesa.
Así pues, los integrantes de la mesa conformarán cuatro grupos, encargados de temas de prevención, protección, investigación y acceso a la justicia, e información.
Trimestralmente, la mesa hará su sesión plenaria, con miras a decidir qué acciones son necesarias para garantizar resultados de seguimiento y protección a los defensores.
Para Judith Maldonado, delegada del movimiento Voces de paz, destacó la conformación de esta mesa que se esperaba desde hace al menos dos décadas, aunque se mostró preocupada porque las reuniones se harán cada tres meses.
También criticó a los grandes ausentes: la Personería y la alcaldía de Cúcuta, quienes “pusieron en evidencia su falta de interés y compromiso con las víctimas. Ojalá podamos, desde esta mesa, comprometer a la administración”, puntualizó.
