Por efecto de una acción de tutela, el ministerio de Transporte tiene 48 horas para resolver las inquietudes de la secretaría de Hacienda sobre la internación de vehículos venezolanos.

Es decir, en lo que resta de esta semana deberá definirse si hay o no internación, y cuáles son los términos de la misma.

Si bien el ministerio de Transporte contestó en su momento un derecho de petición remitido por Hacienda, el Tribunal Superior de Cúcuta consideró que la respuesta fue incompleta, y “solo se limitó a informar que varias dependencias ministeriales y la Dian, han venido realizando una mesa de trabajo” para emitir el decreto.

Martín Martínez, titular de la secretaría, insistió en que es urgente dar claridad a las inquietudes y, sobre todo, “dar una solución social a los nortesantandereanos que tienen vehículos de placas venezolanas”.

“Según la ley de fronteras y la norma del impuesto de vehículos es necesario que el Gobierno Nacional  determine qué se va a hacer”, declaró. “Esperamos que se decida si vamos a dar la oportunidad de internación temporal, según los parámetros legales que ya existen”.

Según el secretario, el objetivo es que todos los municipios se beneficien, contrario a los comentarios “que afirman que el departamento quiere quedarse con el negocio”.

Por el contrario, Martínez enfatizó en que cumplir con la internación, con base en unos 25 mil carros venezolanos en el departamento, implicaría el reto de inscribir unos 210 vehículos al día, en un término de seis meses.

El funcionario agregó que el objeto de que el gobierno departamental lidere este proceso se debe a que, hoy en día, solo Ocaña, Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, Pamplona y Convención, tienen oficinas de tránsito.

“Pero ¿qué pasa con Durania, Chinácota, Herrán, Ragonvalia, que también tienen derecho a recibir los recursos?”, insistió.

De ahí que la propuesta del departamento consiste en otorgar el 50 por ciento del impuesto vehicular a los municipios, y no el 20 por ciento, como actualmente contempla la norma.

Con el recaudo, se facilitaría la recuperación de la malla vial de cada municipio, mientras que con el decreto de internación, se legalizarían miles de propietarios que hoy no pagan impuestos.

“Este tema lleva más de un año en discusión y ya han aparecido tres decretos borradores pero no se define nada”, reiteró Martínez, quien espera que esta vez sí se logre un resultado definitivo.