Diez meses no han sido tiempo suficiente para que el secretario Jurídico de la alcaldía, Mauricio Quintero, aclare la duda a 60 mil motociclistas sobre si es legal que una grúa lleve a los patios hasta 10 motos.

Desde el 18 de septiembre del año pasado, representantes de los gremios de motorizados como Jhon Barajas, de Asomonorte, le solicitaron a la alcaldía la aclaración de la medida, pero no obtienen respuesta.

Barajas dijo que han dicho a la secretaría de Tránsito que no están de acuerdo con la forma como se interpreta el artículo 72 de la ley 769 de 2002 respecto de las grúas, y que está ley se inclina a favorecer al Grupo Empresarial Andino S.A.

“Estamos incómodos y queremos hacer algo para que se resuelva la situación, que afecta a todos los motociclistas”, dijo.

A la propuesta se unieron veedores que enviaron derechos de petición al ministerio de Transporte y a la consultoría de movilidad Intra, pues dicen que el cobro de las grúas por las motos inmovilizadas es ilegal.

La Opinión intentó obtener una respuesta de Quintero, pero respondió que estaba ocupado. Se limitó a decir que “quien dictamina si una ley es legal o ilegal es un juez”.

El concejal Víctor Suárez,  dijo que viene pidiendo desde hace 4 meses la revisión del contrato de las grúas.

“Si bien es cierto el contrato estipula el transporte de los vehículos mal estacionados o accidentados, no dice cuántos”, indicó. “Cualquiera pensaría que una grúa en una sola moto es innecesaria, pero recuerde que ellos cobran por moto”, dijo.  

Los motociclistas aseguran que el planchón de las grúas es solo para un vehículo.