Se hablará de los ‘falsos positivos’ en el Catatumbo.
Esta semana la Jurisdicción Especial para la Paz llevará a cabo la primera audiencia de reconocimiento de crímenes cometidos en el conflicto armado.
La primera de ellas será por el caso de los ‘falsos positivos’ en el Catatumbo. Se llevará a cabo en Ocaña, entre el 26 y 27 de abril, y en ella participarán un general y 4 coroneles, además de un tercero civil.
En la audiencia, los involucrados reconocerán su responsabilidad en estos crímenes y deberán aportar verdad detallada y exhaustiva sobre los hechos. Las víctimas tendrán la oportunidad de manifestar si están ante un reconocimiento real o no.
Respecto de los ‘falsos positivos’ en el Catatumbo, la Sala de Reconocimiento de la JEP había imputado ya a 25 miembros del Ejército y un tercero civil los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada que también constituyeron crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada y el crimen de guerra de homicidio.
La JEP concluyó que los crímenes no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos “en combate".
Por estos hechos, el general (r) Paulino Coronado, y once oficiales más, seis suboficiales, tres soldados y un tercero civil reconocieron su responsabilidad en el asesinato y desaparición forzada de, al menos, 120 personas.
La siguiente audiencia de reconocimiento y la primera para antiguos miembros de las FARC se llevará a cabo los días 31 de mayo y 2 y 6 de junio. Será por su responsabilidad en los delitos de secuestro, toma de rehenes y otros crímenes relacionados con ellos como el homicidio, la desaparición forzada, las torturas, la violencia sexual y el desplazamiento forzado.
Con estas audiencias inicia una nueva fase en el trabajo de la JEP, en el que los comparecientes pueden aportar verdad plena y detallada, reconocer su responsabilidad y admitir el daño causado. Es la condición para que los investigados se mantengan en esta jurisdicción y el caso no sea remitido a la justicia ordinaria.
