30 alertas por posibles sobrecostos por $34.856 millones en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la pandemia del COVID-19 emitió la Contraloría General de la República. El tema ya dio lugar a la apertura de 4 indagaciones preliminares por $6.074 millones.
Con corte al 15 de junio, la Contraloría encontró estos riesgos luego de hacer una revisión y análisis de 106 contratos a nivel nacional, por más de $570 mil millones, cuyo objeto es el suministro del PAE.
Las 4 indagaciones preliminares iniciadas involucran la contratación en los municipios de Chía, Cundinamarca ($3.771 millones); Medellín, Antioquia ($2.224 millones); Zipaquirá, Cundinamarca ($43 millones); y Arboletes, Antioquia ($34 millones).
Las alertas generadas son las siguientes:
- En 16 municipios de Antioquia: Medellín ($11.246 millones), Bello ($924 millones), Rionegro ($839 millones), Turbo ($816 millones), Itagüí ($291 millones), Apartadó ($273 millones), El Bagre ($165 millones), Caucasia ($122 millones), Necoclí ($119 millones), La Ceja del Tambo ($118 millones), Remedios ($113 millones), Sabaneta ($108 millones), Chigorodó ($89 millones), Carepa ($86 millones), Dabeiba ($41 millones) y Arboletes ($31 millones).
- En Bolívar: contratación directa del Departamento ($9.128 millones) y del municipio Magangué ($621 millones).
- En Cundinamarca: contratación del Departamento ($2.474 millones) y de los municipios de Facatativá ($599 millones), Fusagasugá ($22 millones), Funza ($1.130 millones), Girardot ($37 millones) y Soacha ($765 millones).
- En Risaralda: contratación del Departamento ($944 millones) y de Pereira ($1.595 millones).
- En Valle del Cauca: el Distrito de Buenaventura ($1.585 millones).
- Y en el Meta: el municipio de Villavicencio ($293 millones).
"Para la Contraloría, este panorama evidencia el riesgo al que está expuesto el PAE, dado que la eventual pérdida de estos recursos disminuiría el suministro del complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes, de las instituciones educativas oficiales afectando el cumplimiento de los objetivos del programa en un momento en que las necesidades de sus beneficiarios han aumentado considerablemente como consecuencia de la pandemia", señaló Ricardo Montaña Castelblano, supervisor de Seguimiento al PAE en la Contraloría General.
