“La impunidad en Colombia ronda por el 99 %. La misma tasa que denunció el Departamento Nacional de Planeación en 1991 cuando se creó la Fiscalía”, fue una de las afirmaciones del nuevo fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, sobre la actualidad del funcionamiento de la justicia en el país.
El director del ente acusador se refiere a la relación que hizo sobre las cifras de número de delitos cometidos en Colombia y las condenas proferidas durante 2015 y que muestran que, según esas estadísticas, el sistema penal produce al año 51 mil sentencias condenatorias, esto equivale apenas al 6 por ciento de las noticias criminales efectivas que se registraron en la Fiscalía”.
Según el fiscal, “extrapolando el número de denuncias el año anterior con la base de criminalidad oculta, en el 2015 se abrían cometido en el país 3,5 millones de delitos, es decir que las 51 mil condenas representan escasamente el uno por ciento de los mismos”
“No podemos ser ciegos, o rodeamos a la justicia en Colombia o nuestro contrato social será simplemente un catalogo retórico de derechos, el Estado tiene que asegurar que la industria del delito no sea rentable y ello no se logra cuando los delincuentes, de todos los pelambres, se desenvuelven a sus anchas porque saben con la profunda convicción, a ciencia cierta, que la probabilidad de castigo es prácticamente remota”, añade Martínez.
Asonal Judicial comparte dichas estadísticas y agrega que de esos casi 3,5 millones de delitos que se cometen al año en el país, solo se alcanza a investigar un 10 por ciento y se obtienen condenas generalmente del uno por ciento. “Esto demuestra que hay fallas en el sistema penal, no hay suficientes jueces, fiscales, policía judicial, elementos técnicos de investigación que permitan y posibiliten la judicialización en muchos de estos casos”, dice Luis Fernando Otálvaro, presidente de Asonal.
Desde ese sindicato judicial aseguran que es muy importante tener reformas, “por eso estamos llamando la atención del Gobierno y la sociedad colombiana para que en las reformas se tenga claramente establecida una política criminal que dé cuenta de las conductas que se tienen que penalizar y además de esto, cuáles requieren tratamiento penitenciario, porque no todas lo requieren”. A propósito de ese tema, en el Congreso se adelanta el proyecto de ley de Pequeñas Causas, con el que busca cambiar el castigo o el tipo de delito de varias conductas ilegales; sobre esto, el ministro de Justicia Jorge Londoño aseguró que “es necesario aclarar que este proyecto no habla de causas menores. El Ministerio es totalmente respetuoso de quienes han resultado afectados por los delitos y por las contravenciones, pero si hay que decir que con la intención que se tiene la Fiscalía se descongestionaría de un 20 % de los casos que viene manejando.
Medellín | Colprensa
