La Fiscalía General colombiana acusó a dos secretarios del expresidente Álvaro Uribe de haber formado parte de un complot para desprestigiar a jueces de la Corte Suprema y a opositores de su gobierno, se informó el jueves oficialmente.
Se trata de Edmundo Del Castillo, exsecretario jurídico, y César Mauricio Velásquez, exsecretario de prensa, quienes deberán responder en un juicio por el delito de concierto para delinquir -el pacto entre dos o más personas para cometer un número indeterminado de delitos-, explicó por teléfono a The Associated Press la oficina de prensa de la Fiscalía.
Del Castillo y Velásquez han negado siempre los señalamientos en su contra.
Enterado de la decisión en contra de sus ex colaboradores, Uribe (2002-2010) escribió en su cuenta de Twitter que "Edmundo y César Mauricio son llamados a juicio por divulgar información privilegiada que había salido primero en medios. Injusticia".
Según la Fiscalía los hechos se produjeron en 2007 cuando Del Castillo y Velásquez, "haciendo uso de sus posiciones distinguidas y la influencia en diferentes entidades del Estado, planearon, supuestamente, el desprestigio de la Corte Suprema y de la legitimidad de las sentencias proferidas frente a los casos de alianzas o nexos entre congresistas y otros políticos con cabecillas de las (paramilitares) Autodefensas Unidas de Colombia".
La entidad del Estado a la que se refiere la Fiscalía es el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS o la policía secreta) desde donde se habría acopiado información que ponía en tela de juicio a algunos funcionarios de la Corte Suprema y que en ocasiones fue filtrada a los medios de comunicación.
Por hechos similares la Corte Suprema condenó en abril de 2015 a dos figuras clave del gobierno Uribe: Bernardo Moreno, exsecretario general, y María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS. Ambos están detenidos.
Desde que la revista bogotana Semana denunció en febrero de 2009 las interceptaciones telefónicas y los seguimientos ilegales a los opositores de Uribe, la Fiscalía inició una compleja investigación que ha llevado a prisión a una treintena de ex detectives de la policía secreta, institución que dependía de la presidencia y que, como consecuencia del escándalo, fue cerrada en octubre de 2011 por orden del presidente Juan Manuel Santos.
Contra Uribe no pesa una investigación formal entre otras cosas porque por su calidad de exmandatario es investigado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, una célula legislativa que en Colombia es conocida por su inoperancia.
El otrora jefe de Estado ha negado cualquier responsabilidad en los actos de espionaje y ha dicho que si éstos ocurrieron fue por obra de funcionarios corruptos del DAS.
Bogotá |AP
