El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez aseguró que el Presidente de la República deberá dar explicaciones de las razones por las cuales permitió que empresas de los Emiratos Árabes puedan hacer minería cerca a los páramos como el de Santurbán.
“Tenemos que preguntar, señor Presidente, cuéntenos qué fue lo que usted hizo en Abu Dhabi a espaldas de los bumangueses con respecto a la explotación de oro en el páramo de Santurbán que va a acabar con el agua”, manifestó el Alcalde a Santos.
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El mandatario local aseveró que el próximo lunes en su programa ‘Hable con el Alcalde’ revelará los cinco cuestionamientos que le enviará al Presidente para que explique los verdaderos alcances de los acuerdos que firmó con el gobierno árabe.
Sin licencias
Así mismo, Hernández volvió a insistir en que la solicitud de licencia ambiental para explotar oro cerca al páramo de Santurbán presentada por Minesa debe ser revocada por la Anla, toda vez que la Corte Constitucional tumbó la delimitación del páramo.
“Con la decisión de la Corte de tumbar la delimitación de Santurbán, es inviable que la Anla continúe adelante con el licenciamiento ambiental solicitado por Minesa, empresa de los árabes para explotar oro en inmediaciones del páramo”, agregó el mandatario de los bumangueses.
Serán veedores
Cabe recordar que esta semana la Alcaldía le envió un oficio al Ministerio del Medio Ambiente solicitando que el municipio de Bucaramanga sea incluido como veedor dentro del nuevo proceso de definición de los límites del Páramo, ubicado en la provincia de Soto Norte.
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En la solicitud, que fue firmada por el alcalde Rodolfo Hernández, el municipio pide que se le vincule en el trámite de delimitación del páramo de Santurbán desde la etapa de diseño y planificación.
Del mismo modo, la administración municipal insistirá ante el Gobierno Nacional para que el área limítrofe de protección del páramo sea mucho mayor a la que existía.
La sentencia de la Corte Constitucional establece que la nueva delimitación del páramo de Santurbán no puede ser inferior, en términos de protección ambiental, a la definida por el Gobierno Nacional en el 2014.
