Desde Santa Marta, el Procurador General Fernando Carrillo Flórez, anunció que abrió investigación disciplinaria al alcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez (2016-2019), y al Secretario de Educación del municipio, Julio César Aguilar, por presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, (PAE) en la capital del Magdalena.
Para el Ministerio Público “los funcionarios no habrían adoptado las medidas necesarias para garantizar que cerca de 42 mil estudiantes de 73 instituciones educativas adscritas al Distrito de Santa Marta, fueran cubiertos por el programa desde el inicio del calendario escolar de 2018”.
De acuerdo con la investigación, solo hasta marzo de 2018 la administración abrió el proceso licitatorio para adjudicar el servicio de alimentación para los escolares, gestión que fue iniciada por orden judicial emanada de un fallo de tutela y por el seguimiento preventivo realizado al proceso por el Ministerio Público.
Para el ente de control “resulta inquietante el hecho de que la administración municipal no hubiera, aparentemente, iniciado a tiempo las gestiones y trámites pertinentes para garantizar la prestación eficiente y eficaz del PAE desde el inicio del calendario escolar”.
En este caso, la Procuraduría investiga también la cobertura que tendrá el contrato suscrito, teniendo en cuenta que este no ampara la totalidad del calendario escolar, lo que podría generar que al final del año los escolares no estén cubiertos por el PAE.
Medidas cautelares
Por otro lado, el jefe del Ministerio Público también anunció que instauró una acción popular para que las autoridades ambientales adopten las medidas necesarias encaminadas a lograr la descontaminación y recuperación de la Bahía de Santa Marta.
En la acción interpuesta ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, el Ministerio Público “pidió que se declaren vulnerados los derechos e intereses colectivos de los habitantes de la región a gozar de un ambiente sano, un equilibrio ecológico y un manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales”.
La acción fue instaurada contra el Ministerio de Defensa Nacional, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Dirección General Marítima (DIMAR), la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpomag), la Alcaldía de Santa Marta, el Departamento Administrativo de Sostenibilidad Ambiental de la capital del Magdalena (Dadsa) y Proactiva Santa Marta S.A. E.S.P.
Entre las medidas cautelares solicitadas, el Ministerio Público “pidió al Tribunal que ordene a la ANLA, a Corpomag y al Dadsa exigir a las empresas del sector industrial, comercial y de servicios, que suspendan de manera inmediata sus vertimientos a los cuerpos de agua de la bahía y que inicien los procesos sancionatorios que sean pertinentes”.
Entre tanto, la Procuraduría también solicitó ordenar a la Dirección General Marítima que inspeccione y controle de forma integral la operación de los buques de carga y comerciales, para impedir que hagan vertimientos de cargas contaminantes y altamente tóxicas en el área de influencia de la bahía.
También pidió al Tribunal ordenar a Proactiva Santa Marta S.A. E.S.P. que presente y obtenga la aprobación del Plan de Manejo y Saneamiento de Vertimientos, o lo ajuste si es del caso, en cumplimiento de la normatividad legal establecida para los prestadores del servicio público de alcantarillado, sujetos al pago de la tasa retributiva.
Entre las pruebas solicitadas, el Ministerio Público “pidió la realización de una inspección judicial con intervención del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), para verificar el estado de los vertimientos y su procedencia".
Del mismo modo, solicitó la toma de muestras para evaluar la calidad del agua y determinar las causas que están originando las graves afectaciones ambientales a los ecosistemas marinos en la bahía de Santa Marta.
