Actuar como lobos disfrazados de ovejas era la principal estrategia aplicada por el cartel de los falsos reclamantes de tierra, desenmascarados por las autoridades esta semana.
Antiguos guerrilleros y paramilitares, que azotaron a los campesinos e indígenas en áreas de conflicto, se presentaban ahora como “pobres víctimas”, reclamando terrenos que presuntamente les pertenecían.
La farsa quedó en evidencia, de nuevo, en una operación conjunta de la Policía y la Fiscalía, entidad que expidió 62 órdenes de captura contra sospechosos en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Cesar. El objetivo era proteger 1.800 hectáreas de tierra avaluadas en cerca de 7.000 millones de pesos que, al parecer, estaban siendo pretendidas por falsas víctimas.
Uno de los casos más preocupantes se detectó en la vereda El Congo del corregimiento Lomas, en el municipio antioqueño de Turbo.
Según el Ministerio de Agricultura, allí estaban en riesgo más de 500 hectáreas, valoradas en 3.500 millones de pesos aproximadamente.
La maniobra clandestina estaría liderada por Jesús Aníbal Hinestroza Murillo, un exguerrillero del Ejército Popular de Liberación (Epl), quien luego de su desmovilización se había quedado en el Urabá ejecutando, presuntamente, actividades ilícitas.
El general Rodolfo Palomino, director de la Policía, explicó ayer que el desmovilizado, quien fue detenido en la operación, era quien orientaba a los falsos reclamantes, constituyendo una red delictiva para engañar al Estado.
Al parecer, diseñaba libretos de ficción, en los que estas personas “se presentaban ante las autoridades como víctimas, que habían sido despojadas violentamente de sus tierras”, contó el oficial.
Este método de engaño también venía siendo aplicado por otros antiguos victimarios en el sur del departamento de Córdoba. Según el informe policial, seis reinsertados del bloque Héroes de Tolová se presentaron a reclamar lotes.
En sus declaraciones ante los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) omitieron la historia de su carrera paramilitar, intentando pasar de agache en el trámite.
Como complemento, entre los arrestados está el ciudadano Grangelio Mosquera Cáceres, quien tenía en su contra una orden de captura pendiente por homicidio y tráfico de armas. Aun así, pretendía los beneficios que el Estado tiene para las víctimas.
La operación seguirá
El Ministerio de Agricultura detalló que, de los 62 capturados, 28 cometían los fraudes en el Urabá antioqueño (Turbo, Chigorodó y Apartadó); y 23 en las localidades cordobesas de Tierralta, Montería y Valencia, donde estaban en juego 660 hectáreas por valor de 1.115 millones de pesos.
Otros cinco implicados intentaban usurpar terrenos en Codazzi y Valledupar (Cesar). Allá la extensión pretendida era de 550 hectáreas, con costo de 2.100 millones de pesos.
“Con estas detenciones ratificamos el compromiso del Estado con las víctimas del conflicto”, comentó el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia.
Los detenidos fueron presentados ante los juzgados de control de garantías de los lugares donde presuntamente delinquían. De acuerdo con la Fiscalía, enfrentarán cargos por fraude procesal, falsedad documental y falso testimonio, exponiéndose a una pena máxima de 15 años de prisión.
El ente acusador informó que en lo corrido de este año, 116 personas han sido judicializadas por ser falsos reclamantes de tierra.
El general Palomino dijo, además, que esta es apenas la primera fase de la investigación, pues ahora los agentes irán tras los funcionarios públicos que, mediante omisión o complicidad, permitían que estos fraudes llegaran a feliz término para los embaucadores.
Más ganaderos implicados
La operación permitió interceptar otra estrategia empleada por los reclamantes piratas. “Otros vinculados al ilícito son comerciantes y ganaderos de la región, con alta capacidad económica y que anexaban documentos falsos que no relacionaban los bienes que poseían y así se mostraban como víctimas”, señaló la Policía.
La relación de acaudalados ganaderos con presuntas maniobras para evadir las normas del proceso de restitución de tierras, quedó en evidencia el pasado 22 de mayo, cuando en otra operación para proteger a las víctimas de este flagelo, la Fuerza Pública presentó la captura del comerciante antioqueño Álvaro Mesa Cadavid, de 62 años.
Según la Fiscalía y la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía, él les habría comprado a los paramilitares cientos de hectáreas en la vereda Paquemás de Turbo, que estos les habían arrebatado a los labriegos. “Luego las tituló a su nombre mediante certificados y escrituras falsas”, denunció en aquella oportunidad el general Luis Eduardo Martínez, director de Carabineros.
Los afectados presentaron sus quejas antes las autoridades y los Tribunales de Restitución, mediante nueve sentencias, le ordenaron a Mesa la devolución de 200 a 500 hectáreas. Sin embargo, cuando los campesinos llegaron por sus tierras en diciembre de 2014, el procesado y dos de sus mayordomos les habrían negado el derecho.
El informe policial precisó que integrantes de 27 familias denunciaron que “hombres al servicio de Mesa Cadavid quemaron viviendas, destruyeron los cultivos financiados gracias al programa presidencial de proyectos productivos, les mataron varias cabezas de ganado y levantaron cercas arbitrariamente”.
El señalamiento iba más allá, indicando que al parecer el procesado “constituyó una Ong que buscaba agremiar a varios terratenientes de la región de Urabá, con el fin de oponerse a las disposiciones contenidas en la Ley 1448 de Restitución de Tierras”.
El ganadero y sus mayordomos rechazaron las acusaciones y se declararon inocente en el estrado.
No lograron el fraude
El director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal Urrego, confirmó a Colprensa que las personas arrestadas esta semana fueron frenadas a tiempo y no alcanzaron a adueñarse de los predios.
“Los falsos reclamantes estaban emitiendo documentos y declaraciones falsas, por esto la URT remitió los casos a la Fiscalía”, declaró el servidor, al tiempo que pidió un castigo ejemplar para los implicados.
Sabogal añadió que hasta el momento las investigaciones no han involucrado a ningún empleado de su entidad.
De acuerdo con la estadística de la URT, 172.027 hectáreas han sido entregadas a las víctimas del conflicto armado en Colombia; de esas, 2.351 en Antioquia.
Uno de los casos más recientes se presentó el pasado mes de agosto en Urabá, una de las regiones más saqueadas por los actores armados y donde hay más reclamaciones pendientes.
La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia ordenó la devolución de 207 hectáreas a cuatro familias de campesinos e indígenas de la vereda Los Cedros, en el corregimiento Belén de Bajirá, en la frontera del municipio de Mutatá con Chocó.
Los reclamantes habían sido expulsados por paramilitares en la década del 90, quienes los acusaron de ser auxiliadores de la guerrilla. Con el pasar de los años, las tierras habían pasado a manos de particulares a través de varias actas de compraventa.
En la actualidad, la URT trabaja en 408 solicitudes de restitución pendientes en San Pedro de Urabá y Arboletes, y en otras 58 interpuestas por familias de Turbo y Mutatá.
*Medellín | El Colombiano
