Cada vez parece más cercana la posibilidad de que el Gobierno Nacional decida atender el llamado de algunos gremios y aplace el pago de la prima correspondiente al mes de junio, con el fin de aliviar la caja de las empresas que se reportan incapaces de efectuar estos pagos.

La propuesta tomó fuerza en la última semana, luego de que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, asegurara que desde el Gobierno Nacional se están buscando los caminos para posponer esta obligación y asegurar la estabilidad financiera de las empresas que hoy se encuentran maniatadas.

“Tenemos muy poco tiempo para enfrentar este problema asociado a la prima de junio. Estamos buscando una medida que permita posponer el pago de esa prima. De ninguna manera eliminar esa obligación, pero sí ser conscientes que ahí hay un problema de caja”, afirmó Carrasquilla.

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El docente de economía de la Universidad Javeriana, Jorge Restrepo, también se mostró participe de implementar una medida como esta, con el objetivo de que las empresas logren encontrar un equilibrio en los meses venideros y se evite una catástrofe mayor en materia laboral.

Restrepo dijo que aunque la medidas “tiene un impacto sobre el bienestar de los trabajadores, teniendo en cuenta que sus ingresos se ven disminuidos”, aplazar esta obligación de los empleadores “aumenta la probabilidad de que no despidan los trabajadores” en un momento de escasez de recursos.

Añadió que la medida puede evitar el despido masivo de trabajadores, “por eso es muy importante permitir un aplazamiento y que el diseño de la medida esté bien hecha, que se pueda aplazar o distribuir el pago en varios meses y que sea demostrable a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila)”.

Otro funcionario que se pronunció en el mismo sentido fue el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, quien reconoció que la prima es un derecho laboral inviolable, por lo que se debe buscar un acuerdo por medio de una negociación con las empresas más afectadas por la emergencia.

A las palabras del Ministro de Trabajo se sumó el docente e investigador de la Universidad Externado, Isidro Hernández, quien consideró que se debe realizar un pacto de carácter privado entre empresarios y empleados para establecer el pago en el segundo semestre del año.

“Como esto es un asunto de concertación, se debe tener en cuenta a gremios, sindicatos, empleados no sindicalizados, y todos son conscientes de las dificultades que están enfrentando las empresas”, aseguró Hernández, quien también considera que no se pueden socializar los costos.

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Por su parte, el director del observatorio laboral de la Universidad del Rosario, Iván Jaramillo, manifestó que, desde el punto de vista económico, esta medida no funciona, pues se requiere que la demanda no se contraiga, pues no se pueden reducir más los ingresos de los trabajadores.

“Es abiertamente inconstitucional, porque los estados de emergencia económica, social y ecológica están regulados por la Constitución, la cual prohíbe que se tomen medidas de carácter regresivo frente a los derechos de los trabajadores”, puntualiza.

Añadió que, frente a un posible escenario de recesión, en el que lo que más se requiere son estímulos para los trabajadores, no se pueden desmontar dichos incentivos que favorecen el dinamismo de la economía desde el punto de vista del consumo.

Más subsidios

Esta propuesta, puesta sobre la mesa por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), no necesariamente compromete el aplazamiento de la prima de junio, sino que también existe la posibilidad de que el Estado asuma con sus arcas el subsidio de la misma.

“Estamos planteando la posibilidad de que se extienda el subsidio de la nómina al pago de la prima o, en su defecto, se aplace para pagarla en el segundo semestre”, manifestó la semana pasada el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, ante la dificultad por la que atraviesan las empresas.

Según el empresario, “los comerciantes que no han estado operando tienen la gran preocupación de cómo atender el pago de la prima de junio. No hay recursos, hay total iliquidez, no hay caja; y el acceso al crédito es muy precario”, por lo que es muy difícil cumplir con esta obligación.

Las centrales sindicales se han mostrado más del lado de la primera propuesta sobre el subsidio al pago de las primas de junio por parte del Gobierno Nacional, ya que consideran inconstitucional el aplazamiento de la prima para pagarse en el segundo semestre del año.

El principal argumento que esbozó el Comando Nacional Unitario (CNU) fue que el aplazamiento dificultaría las necesidades de consumo de los hogares colombianos, más teniendo en cuenta que el propio Gobierno Nacional programó para los meses de junio y julio los tres días sin IVA.

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“Así se ha hecho en múltiples países, donde abandonando la ortodoxia neoliberal de las leyes del mercado, entienden perfectamente la necesidad de apalancar el consumo interno mediante subsidios del Estado”, manifestó la CNU, que integran cinco centrales de trabajadores.

Según los sindicatos, “se puede acudir a las reservas internacionales o a créditos del Banco de la República, o a una mora en el pago de la deuda externa, entre muchas opciones. Otros países han hecho inversiones estatales superiores al 10 % del PIB y sin embargo acá en Colombia no hemos llegado al 3 %”.

“Entendemos las dificultades de caja por las cuales atraviesan las medianas, pequeñas y microempresas derivadas de la crisis económica y la pandemia, por lo cual consideramos que lo más conveniente para el cumplimiento de los derechos laborales, el mantenimiento del tejido empresarial de las Mipymes y no deteriorar más la economía y el desempleo, debe ser que el Estado entre a subsidiar el pago del 100 % de la prima de junio”, puntualizó el Comando Unitario.

Esgrimieron que el ministro de Hacienda debe destinar los recursos necesarios para este pago, así como el de un mayor subsidio a las nóminas en valor y ampliándolo por tres meses más, sin tanta tramitología, así como también el pago de la renta básica universal por tres meses para quienes han perdido sus ingresos en esta crisis.

Por ahora, el Gobierno deberá tomar una nueva determinación al respecto y solo podrá hacerlo, según lo indican los expertos, con las facultades que un período de emergencia económica le brinda.