Cientos de víctimas de ‘falsos positivos’ y de otros hechos acontecidos en el marco del conflicto armado, de privación injusta de la libertad y lesiones a jóvenes que prestaron el servicio militar obligatorio, entre otros, siguen esperando el dinero correspondiente a su reparación.
Esto se debe a que el Gobierno Nacional solicitó una prórroga para el decreto que reglamentaba en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), lograr acuerdos de pago sobre sentencias y conciliaciones que se encuentren en mora hasta el 31 de octubre del presente año, con cuentas de cobro acumuladas incluso desde el 2014.
La situación se complicó más por las medidas adoptadas en la administración pública para enfrentar la pandemia de COVID-19, ya que en las entidades no se cuenta con los recursos humanos, técnicos o financieros para gestionar los acuerdos de pago conforme al PND.
Para 2019, la deuda acumulada por sentencias y conciliaciones sobrepasaba los $10 billones, según la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado.
De acuerdo con Alexa Estupiñán, abogada de Conactivos, se han generado suspicacias en torno al proceso de pago que ha determinado el PND vigente y sus decretos subsiguientes, porque se conocen unos pocos casos de ciudadanos a los que sí se les realizó el pago de manera ágil, mientras que otros beneficiarios, con turnos de pago más antiguos, todavía siguen esperando.
Una alternativa para muchos colombianos que adelantan demandas contra el Estado es la compra de sentencias, pues a pesar de tener un fallo a su favor, tienen que esperar 7 años o más para recibir el dinero de la reparación.
Conactivos se ha convertido en una opción para muchos beneficiarios, porque pueden recibir sus pagos en un lapso no mayor a cuatro meses.
Entidades más deudoras
Para este año, las entidades que más acumulan deuda por pago de sentencias (con cifras aproximadas que incluyen intereses) son el Ministerio de Defensa, con $ 5.8 billones; la Fiscalía General de la Nación, con $ 2.6 billones; y la Policía Nacional, con $ 2.1 billones; montos que sin duda siguen aumentando debido, a que el presupuesto asignado cada año para el pago de este rubro, no alcanza ni a cubrir el 10% de la deuda existente.
La situación agrava la condición socioeconómica de la mayoría de los beneficiarios de sentencias, afectando su calidad de vida y la de sus familiares, que incluso mueren sin que reciban el dinero al que tienen derecho.
Aunque la ley determina realizar pagos en un tiempo no mayor a 18 meses, la realidad se aleja ampliamente de esos términos, y en muchos casos, se demora hasta más de 7 años para que víctimas de privación injusta de la libertad, de malas actuaciones de entidades públicas o de falsos positivos, reciban su pago.
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