En la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes se escucharon las voces de preocupación sobre la situación en la que están los niños en el departamento de La Guajira, especialmente de la comunidad wayúu, por lo que su presidenta, la representante Clara Rojas, hizo un llamado al Gobierno nacional para que atienda la situación.
Edgar Gómez Torres, asesor con funciones de la Delegación de Infancia Juventud y Adulto Mayor de la Defensoría del Pueblo afirmó que según Sivigila “con corte a noviembre de 2015 hablamos de 298 casos registrados de niñas y niñas que han muerto a causas de distintas enfermedades como dengue, tuberculosis, desde luego, desnutrición y otras condiciones”.
Para la representante Clara Rojas, lo que se tiene que hacer es un plan articulado entre todas las entidades, parecido al que se aplicó en la frontera con Venezuela luego de producirse el cierre de la zona limítrofe.
“La situación es altamente preocupante, no solo en La Guajira sino en otros departamentos (…) realmente se está asistiendo a un genocidio en La Guajira que hay que ponerle atención de manera inmediata. Hacemos un llamado a que por favor en los próximos meses presenten un informe de atención inmediata que se trabajó de la misma manera para atender la crisis humanitaria en Cúcuta, que lo hicieron muy bien, con presencia y articulación de todas las entidades”, dijo la congresista.
Por su parte, la subdirectora del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF), Margarita Barranquer, dijo que si la entidad no cuenta con el apoyo en los territorios no se solucionará la situación.
“Sin nosotros no contamos con el compromiso absoluto de las de autoridades locales en quienes recae una gran responsabilidad sobre el tema para que activen efectivamente las redes del territorio y de los municipios para resolver las problemáticas, podemos seguir aquí señalando -como se hace tradicionalmente-, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero si no logramos que se comprometan los demás autores no vamos a tener el efecto y vamos a tener que seguir lamentando todos los días la muerte de un niño y una niña”, dijo.
Sin embargo, para el representante Germán Navas Talero, lo que se tiene que hacer es focalizar la problemática para encontrar a los responsables.
“Yo acepto todas la barreras, pero ustedes podrían decir: el niño en tal parte murió de esto y puedo ubicar al responsable. Pero, si digo que es el sistema, yo no puedo meter a nadie a la cárcel porque soy del legislativo. El cuentico que todos somos responsables no, aquí hay leyes que no se han cumplido”, le dijo el representante Navas a la subdirectora.
“El modelo no ha funcionado”
Asimismo, la subdirectora del ICBF, Margarita Barranquer afirmó que han tenido bastantes dificultades con el cambio en el sistema de contratación, para la cual, han dejado de lado los grandes operadores y han escogido operadores de la misma comunidad Wayúu para darle el alimento a los niños y a las mujeres lactantes.
“Yo los invito, doctora Ángela María Robeldo, para que usted nos acompañe y vea cómo es el proceso de concertación con los operadores de La Guajira, particularmente de los servicios que presta el ICBF. Ahí estamos haciendo un esfuerzo grande por trabajar con la comunidad y sin embargo nos encontramos con operadores que, a pesar de que tienen, inicialmente con todas las intenciones de prestar el servicio, a la mitad del camino, presentan las mismas problemáticas”, dijo.
En respuesta, la representante Robledo afirmó que lo malo es el modelo y que se debería recordar cómo se había manejado el tema en la anterior administración.
“Yo estoy preguntándome si la forma como se va a seguir trabajando es por medio de operadores. Por qué no recoger la experiencia en su momento del doctor Urrutia, cuando era director del Bienestar Familiar, y la forma de contratación se hacía a través de las comunidades (…), hacía todo un seguimiento con las asociaciones de padres de familia y eran ellos quienes compraban el mercado para sus hijos garantizando la calidad”, afirmó Robledo.
Sobre este punto la representante Clara Rojas afirmó que lo que hay que hacer es “reforzar, ya sea por parte del Bienestar Familiar u otras entidades del estado,-como el Ministerio del Interior que es el responsable de las comunidades indígenas-, la capacidad estructural de estas comunidades para poder atender, la contratación para la cual han sido encomendadas la alimentación de los niños y de las mujeres lactantes que es tan importante”.
Bogotá | Colprensa
