Por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos que ascienden a 120.000 millones de pesos, investigadores del CTI capturaron a funcionarios, exfuncionarios y contratistas de la isla de San Andrés.
De acuerdo con el ente acusador los detenidos son Ronald Housny Jaller, gobernador actual; Aury Guerrero Bowie, exgobernadora; Alejandro Lozano Bowie, secretario de Infraestructura; Edelmira Archibold Hawkins, exsecretaria de Educación; Ain Zulema Conolly, jefe Oficina Jurídica; Tatiana Pérez García, secretaria de Planeación de San Andrés, y Elizabeth O´Neill, supervisora de los contratos.
Estas personas tendrán que responder ante un juez por los delitos de concierto para delinquir, peculado y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
En el expediente también se pide a la Corte Suprema de Justicia que abra investigación en contra del representante a la Cámara Jack Housny Jaller, hermano del gobernador.
Entre los contratos adjudicados sobresale la construcción del ‘Centro de Educación Media Diversificada (Cemed) Antonia Santos, que serviría a la población estudiantil del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El contrato fue suscrito el 23 de diciembre de 2014, por un valor de cincuenta mil millones de pesos ($50.000’000.000), y deberían entregarse a la comunidad en diciembre de 2015; sin embargo, hoy, cuatro años después, las obras no alcanzan el 50% de su ejecución.
Investigación contra alcalde de Floridablanca
De otra parte, por las presuntas irregularidades en la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Floridablanca, Santander, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria en contra del alcalde de esa población, Héctor Guillermo Mantilla Rueda.
La decisión también cobija a la secretaria de Planeación, Emma Lucía Blanco, y al director de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), Martín Camilo Carvajal. La apertura del expediente también va en contra de los concejales Nicanor Vera, Nelson Espitia, Marcos Olarte, Jorge Pinzón, Jorge Durán, Néstor Bohórquez Meza, Salvador Molina, Guillermo González y Édgar Gómez. En este caso el Ministerio Público busca establecer si los investigados incurrieron en una falta disciplinaria al, presuntamente, realizar cambios en el uso del suelo de terrenos de Riquote Alto que dejaron de ser rurales para convertirse en urbanos, lo que permitiría la construcción de edificios en la zona.
En el marco de la investigación, el ente de control disciplinario decretó la práctica de diferentes pruebas con el fin de determinar si esos terrenos cuentan o no con disponibilidad o viabilidad de servicios públicos y autorizaciones ambientales entre otros mecanismos.
