La operación contra la corrupción que la Fiscalía General adelantó en Antioquia este miércoles terminó con la captura del contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, quien regresó a su cargo el pasado 5 de junio, tras una suspensión de 10 meses.
Claudia Carrasquilla, directora de Fiscalías Seccionales y Seguridad Ciudadana, reportó que Zuluaga se presentó de manera voluntaria, en virtud de la orden de captura que pesaba en su contra por este caso.
La investigación de la Fiscalía indica que entre 2017 y 2018, algunos servidores de la Contraloría habrían recibido dinero o contratos a cambio de no denunciar irregularidades (hallazgos fiscales) que encontraron en varias auditorías.
No es su primer lío
El contralor Zuluaga estuvo suspendido por orden de la Procuraduría que comprobó que el funcionario mintió en la hoja de vida cuando se postuló al cargo.
El funcionario aseguró que había obtenido el grado de doctorado en Derecho Administrativo de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, España, en octubre de 2012, pero “según certificación expedida por la coordinadora para los Programas de Doctorado con Iberoamérica el grado no aparece acreditado”.
En noviembre de 2017, Zuluaga reconoció, en una versión libre, que el error se produjo porque no llenó de su puño y letra la hoja de vida.
“Jamás presenté documentos falsos. Tengo que aceptar que hubo un error de mi hoja de vida (...) tengo una letra muy fea, horrorosa, siempre he acudido a que alguien me la llene (...) Pero yo la firmé”, dijo Zuluaga en ese momento.
Además de Zuluaga fueron capturados tres alcaldes: César Augusto Zapata Pérez, de La Pintada; William Enrique Rendón Agudelo, de Jardín; Luz Marina Marín Daza, de San Carlos; Héctor Cano, gerente del hospital de Copacabana; otros tres funcionarios de la Contraloría y un particular.
Fuentes de la Fiscalía informaron que los capturados afrontarán imputaciones por uno o varios de los siguientes delitos: concierto para delinquir, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias, prevaricato por acción, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.
