Esta situación ha llevado a la Corte Constitucional a declarar un estado de cosas inconstitucional en materia de cárceles, que sigue sin resolverse.
De acuerdo con la Corte, no se trata solo de un problema de infraestructura sino que, en general, “la política criminal colombiana es reactiva, sin fundamentación empírica, con tendencia al endurecimiento punitivo, poco reflexiva, inestable, inconsciente, volátil y subordinada a las políticas de seguridad”.
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Infraestructura y resocialización
Según el INPEC actualmente hay 128 sitios de reclusión a nivel Nacional, que deberían cumplir con unas condiciones mínimos estipulados, para brindarle a los reclusos unas condiciones de calidad de vida, para que a su vez, los internos logren resocilizarse y posteriormente reintegrarse a la sociedad.
Javier Sarmiento, procurador delegado para la defensa de los derechos humanos que lideró la comisión de la Procuraduría que visitó la cárcel de Tuluá, asegura que “el sistema penitenciario y carcelario en Colombia ha ido evolucionando, de cárceles de primera, y segunda generación, construidas en los setenta, a cárceles de tercera generación. Estamos buscando la acreditación a través de la asociación americana de correccionales ACA, por sus siglas en inglés. Sin embargo, persisten algunas fallas, es por eso que la Corte Constitucional ha declarado el estado de cosas inconstitucional de las cárceles”.
Sin embargo, sin unas condiciones mínimas de seguridad y de vida digna, no solo es muy difícil pensar que pueda haber una verdadera resocialización, como lo exige la ley, sino que el riesgo de que vuelva a ocurrir una tragedia como la que se presentó en Tuluá siempre estará latente.
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