El presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionó este lunes la Ley de Sometimiento a la Justicia, que tiene como propósito dar cumplimiento a uno de los puntos del Acuerdo de paz con las Farc, que dice que el Estado debe definir estrategias para continuar con la construcción de “una paz estable y duradera”.
Dentro de este punto, se le atribuyen al Estado la creación de estrategias integrales para contribuir a la lucha contra las organizaciones criminales y fortalecer las garantías de seguridad en los territorios.
El presidente agregó que esta ley es importante para la seguridad de los colombianos y clave para dar continuidad al acuerdo de paz con las Farc, porque la ley permite la aplicación del derecho penal de forma colectiva para los Grupos Delictivos Organizados (GDO) y los Grupos Armados Organizados (GAO).
De esta manera, según Santos, el Clan del Golfo será la primera organización armada ilegal en someterse a la justicia, a través de esta nueva ley de la República.
Según el mandatario, las conversaciones para adelantar este proceso una vez se sancionara la ley, habían iniciado con los abogados representantes del Clan del Golfo, con autorización del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y del vicepresidente de la República, Óscar Naranjo.
“Vamos a iniciar este proceso de forma coordinada, Gobierno y Fiscalía para recibir a los miembros de esta organización, someterlos a la justicia, y creo que eso es un paso muy importante para la tranquilidad y seguridad del país porque al fin y al cabo esta organización es tal vez la organización criminal que más daño ha venido haciendo en estos últimos tiempos”, dijo Santos luego de sancionar norma.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, agregó que grupos armados disidentes de las Farc, Los Pelusos y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) pueden someterse a la justicia a través de esta ley.
“Lo más importante de esta ley, a juicio de la Fiscalía, son los instrumentos que van a permitir la judicialización de todas estas organizaciones. Nuevos instrumentos que no tenía el Estado, como por ejemplo, por concierto para delinquir aumentar las penas de 8 a 18 años y no de 4, que eran las que estaban imponiendo a los líderes de esta organizaciones criminales”, añadió el fiscal.
Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que lo que viene en el proceso de sometimiento a la justica del ‘Clan del Golfo’ es determinar el número de hombres que se acogerán a dicha oportunidad. Será la Fiscalía General la encargada de brindar estos datos. “La cifra la sabremos en el proceso del sometimiento y en las actas que se realizarán de la mano de Fiscalía, esperemos que en esas listas esté alias ‘Otoniel’”.
Se espera que antes del 7 de agosto, día en que toma posesión el presidente electo, Iván Duque, el proceso de sometimiento a la justicia con este grupo armado ilegal pueda mostrar avances, sin embargo, como ha sucedido con el proceso de paz con el Eln, persisten las dudas sobre cómo abordará el nuevo mandatario el sometimiento de una de las bandas criminales más dañinas del país.
El experto en política y docente de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo, afirma que para este caso en particular, no cree que vaya a haber problema en la práctica, debido a que la ley pone unas condiciones diferentes a las de las Farc para que este grupo armado se entregue, teniendo en cuenta que para ellos no se puede aplicar la justificación de delitos políticos.
“La crítica de Duque es en el plano general al discurso de seguridad de Santos. Yo, sinceramente, no creo que vaya a haber modificaciones a la ley de sometimiento de bandas criminales porque ambos comparten la idea de que se deben someter, el disenso es con la forma en la que se sometieron las Farc”, agrega Jaramillo.
Es así como señala Jaramillo que aunque haya una diferencia estructural en los modelos de seguridad entre Duque y Santos en cuanto a la persecución de bandas criminales, es difícil que haya un nuevo cambio en esta ley.
Lo que contempla la ley
Esta ley tiene mecanismos para enfrentar de forma más efectiva la delincuencia organizada; fija el procedimiento especial para que grupos armados ilegales se sometan a la justicia; no les da reconocimiento político o mecanismos de la Justicia Especial para la Paz (JEP) a los grupos delictivos organizados; y pretende luchar contra organizaciones y delincuentes responsables de masacres contra líderes y movimientos sociales.
A través de esta ley, también se crean delitos como constreñimiento por parte de grupos armados y amenaza contra defensores. Así mismo, se aumentarán las penas para otro tipo de delitos, amplía términos para investigaciones y no se exime a los grupos armados ilegales de una eventual extradición.
En este sentido, para Carlos Alfonso Velásquez, coronel retirado del Ejército y experto en seguridad, esta ley de la República es “acertada porque propone rebaja de penas, pero con compromiso de someterse a la justicia, reparación y no repetición de los delitos.
“El hecho de que una o dos bandas se sometan, ya de por sí es positivo porque se reduce la cantidad de objetivos a ser combatidos por la Fuerza Pública. El Gobierno paulatinamente ha ido mejorando la actuación de la justicia y acelerando la búsqueda de responsables de los hechos criminales. Así las cosas, las bandas criminales se van dando cuenta de que ya no es tan fácil delinquir ni salirse con la suya, por así decirlo”, agrega Velásquez.
El proceso
El proceso de sometimiento de los grupos se compone por dos fases: la de acercamiento, que se realiza con el Gobierno Nacional, y la de judicialización, ante la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República.
Para esto, los grupos armados organizados deben manifestarle al Gobierno Nacional su voluntad de someterse colectivamente a la justicia, a través del representante que sus miembros deleguen, luego el Gobierno podrá asignar mediante acto administrativo a uno o varios delegados, para llevar los acercamientos colectivos con los representantes de la organización.
En este proceso deberán ser aceptados aquellos delitos cometidos en razón a la pertenencia al grupo armado organizado. La aceptación de responsabilidad en estos delitos no implica que no se puedan investigar, juzgar y sancionar otras conductas realizadas por los miembros de dicho grupo. En ningún caso, este proceso impedirá la extradición de los miembros de los grupos armados organizados.
Uno de los beneficios que tiene la ley consiste en tener condiciones especiales de reclusión, que se pueden perder si hay incumplimiento de cualquiera de los compromisos adquiridos por el grupo armado ilegal.
De acuerdo al texto de la ley, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) implementará un programa especial y con enfoque diferencial de reintegración social y laboral para quienes se sujetan a la justicia en el marco de la presente ley.
