El exintegrante de las Auc termina su condena de 12 años narcotráfico, pero en el país tiene 80 procesos penales.
El gobierno colombiano le pidió esta semana a su similar de los Estados Unidos que ordene la deportación del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, conocido como 'Jorge 40', quien queda libre éste domingo de su condena de 12 años que tuve en ese país por los delitos de narcotráfico.
El periódico El Tiempo, reveló las cartas que se ha cruzado el embajador Francisco Santos con el gobierno de Donald Trump, en donde le notifican que Tovar Pupo aún tiene pendientes de pagar condenas en el país, entre ellas por el crimeno del sociólogo Alfredo Correa de Andreis, a manos de sus hombres, quien fue asesinado el 17 de septiembre de 2004 con información que entregó a los paramilitares el entonces director del DAS Jorge Noguera, también condenado por el crimen.
Igualmente, en Colombia 'Jorge 40' tiene aún 80 procesos penales pendientes por homicidios, masacres y desapariciones ocurridas entre 1998 y 2006.
En la petición de deportación se señala que: "considerando los cargos criminales pendientes que hay en Colombia contra el señor Tovar Pupo, la república de Colombia considera de suma importancia su retorno al país en orden a proteger los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición...En esta consideración, el Ministerio de Justicia ha requerido información a Estados Unidos del señor Tovar Pupo, quien fue excluido del programa de Justicia y Paz y debe retornar a Colombia en orden a cumplir con los requerimientos de las autoridades judiciales y a responder en el proceso judicial iniciado contra él por varios cargos criminales".
De ser deportado a Colombia, Tovar Pupo insistirá en ser acogido en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tras su expulsión de Justicia y Paz, pero la JEP ya le notificó que lo aceptarían como tercero civil por sus actividades entre 1996 y 1998, época de su transición de ganadero a jefe paramilitar, pero el resto de actividades delictivas quedarían bajo la órbita de la justicia ordinaria.
