Excombatientes y líderes sociales son vistos en muchos casos como enemigos por esas organizaciones que buscan expandir los cultivos ilegales, materia prima de la cocaína, o asumir el control territorial, según investigaciones locales.
Este inicio de año ha sido el más violento desde que se firmó el acuerdo de paz con la exguerrilla Farc en 2016, denunció el tribunal de paz encargado investigar los peores crímenes del conflicto en Colombia.
Los primeros días de 2021 han sido los más violentos “en términos de masacres, enfrentamientos armados y amenazas de muerte a líderes sociales, desde la firma” del pacto que desarmó a la que fuera la guerrilla más poderosa de América, indicó en un comunicado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Según el tribunal, entre el 1 y el 24 de enero se presentaron 14 enfrentamientos entre grupos armados y la fuerza pública, mientras que en el mismo periodo de 2020 se registraron nueve.
Las amenazas de muerte a defensores de derechos humanos saltaron de cuatro a 13 y las masacres - o asesinatos de tres o más personas en un mismo evento - aumentaron de cinco a seis.
La JEP destacó además el homicidio de 14 líderes sociales, el asesinato de cinco excombatientes de las Farc y siete enfrentamientos entre grupos armados durante el periodo evaluado.
Desgarrado por casi seis décadas de lucha interna, el país creía haber pasado la peor página de la violencia con el desarme de los paramilitares de ultraderecha (2006) y de los rebeldes marxistas (2017).
Pero la guerra se recrudeció en los campos del país, con una explosión de grupos que se adelantaron al Estado en la reconquista de zonas dejadas por la antigua guerrilla de las Farc, pese al desarme de sus 7.000 combatientes.
La nueva ola de violencia desplazó a unas 200 personas y confinó cerca de 80 familias en lo que va del año, de acuerdo con la JEP.
El gobierno del presidente conservador, Iván Duque, culpa del rebrote de violencia a los guerrilleros que se marginaron del pacto de paz, así como a organizaciones que se financian del narcotráfico y se disputan entre ellas el control de territorios claves para esa actividad.
