El 1 de enero, mientras los colombianos descansaban de las festividades de fin de año, se registró el primer asesinato de un excombatiente de las Farc en 2020.
La víctima fue Benjamin Banguera Rosales, gestor de paz y desmovilizado del grupo guerrillero que cumplía sus labores en Guapi, Cauca. Fue asesinado cuando se movilizaba en su motocicleta para llegar a su lugar de residencia.
Banguera es el más reciente nombre de una dolorosa lista, que autoridades y organizaciones relacionadas con la implementación del acuerdo de paz, esperan que no se continúe alargando.
Durante 2019, se registraron 77 asesinatos en contra de los miembros de las Farc que estaban en proceso de reintegrarse a la vida social. La cifra la entregó, precisamente, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas.
En 2018 hubo 65 muertes y en 2017, primer año de la implementación, hubo 31 asesinatos, sin contar las 14 desapariciones y los 29 intentos de homicidio que se cometieron una vez empezó a regir el acuerdo.
Hasta noviembre del año pasado, el partido político de las Farc había contabilizado 89 crímenes desde que empezó a regir el mandato de Iván Duque, en agosto de 2018.
Victoria Sandino, exmilitante de las Farc y hoy senadora, asegura que los líderes del grupo eran conscientes de que podía haber asesinatos contra excombatientes, pero le preocupa que son Cauca, Nariño, Antioquia, Caquetá y Norte de Santander los departamentos donde han ocurrido la mayor cantidad de homicidios.
Estos son lugares en donde hay una fuerte presencia de estructuras paramilitares o grupos armados ilegales que tienen en las rentas criminales (narcotráfico o minería ilegal) un ingreso económico para tener el control del territorio con armamento.
Las investigaciones
Una de las mayores dificultades de investigar los crímenes contra los excombatientes es que sus motivaciones y los contextos en los que se producen pueden ser tan diversos como las regiones en donde ocurren.
A mediados de 2019, la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales de la Fiscalía General, reportó que se habían esclarecido al menos en una etapa inicial, un 51% de los casos que se registraron.
En el despacho del fiscal especializado reposan alrededor de 168 investigaciones que vinculan excombatientes o familiares de los mismos. En 21 casos se han dictado condenas y 13 casos se encuentran en la etapa de juicio.
La Unidad también ha informado que el 80% de los ataques están vinculados a grupos armados ilegales y organizaciones criminales. Los principales responsables de estos delitos son las disidencias de las Farc, seguidas por integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
En muchos casos, según le dijo Martha Zamora, exdirectora de la Unidad de Desmantelamiento, puede tratarse de retaliaciones porque los desmovilizados se niegan a retomar las armas o se oponen a la realización de actividades ilegales.
Las soluciones
Pero si bien descubrir a los culpables de los crímenes es muy necesario, evitar que los asesinatos sigan ocurriendo lo es aún más y es un reto mayor.
Aunque el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Defensa y la Unidad Nacional de Protección, ha manifestado su disposición a reforzar la seguridad de los excombatientes, para la Misión de Verificación de las Naciones Unidas es necesario un mayor despliegue de la Fuerza Pública en las zonas donde persiste la criminalidad, no solo para proteger la vida los exmilitantes sino la de los líderes sociales que están en esas zonas.
El Gobierno arguye que ha habido avances en 15 de las medidas que se acordaron para fortalecer esa presencia, incluido el despliegue de investigadores y agentes de policía adicionales en los territorios a fin de fortalecer la Unidad Especial de Investigación y el Cuerpo Élite de la Policía y la implementación de los mecanismos de seguimiento de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, con especial atención a los riesgos para los exmiembros de las Farc.
Sin embargo, para la Misión, es necesario reforzar estas medidas en donde la situación de los excombatientes es aún más precaria.
Por su parte, el procurador general, Fernando Carrillo, ha dicho que es necesaria una mayor coordinación en las acciones y fortalecer los esquemas de seguridad.
“Está el agravante de que ya ingresan a los Espacios a asesinar excombatientes. Hay que pensar en fortalecer de nuevo el sistema que le permita al Estado defender a exintegrantes de esa guerrilla”, dijo Carrillo.
Según el reporte de la Misión de Verificación, sigue habiendo un déficit de presupuesto y de capacidad operativa en la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la UNP.
Sin duda, la seguridad de los excombatientes será este año uno de los mayores retos en la implementación del Acuerdo de Paz.
