Por los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración indebida de contratos, la exdirectora del IDU, Liliana Pardo Gaona, fue condenada este viernes a 22 años de prisión en el marco del escándalo del ‘Carrusel de la contratación’.

En el marco del mismo proceso, el juez dictó sentencia de 13 años en contra de Miguel Ángel Moralesrussi, excontralor de Bogotá.

La sentencia tiene su origen en las irregularidades que se cometieron por los contratos de consultoría 129 y 133 de 2005, relacionados con la tercera fase de Transmilenio y los contratos de obra 134 a 138 de 2007.

Durante la etapa de juicio, la Fiscalía evidenció anomalías en por los menos 10 contratos que no fueron concebidos bajo los parámetros que exige la ley. Además, ante el juez se entregaron pruebas de peculados por apropiación y prevaricatos por omisión.

Pardo, además, a consideración de la Fiscalía recibió comisiones cercanas a los 7500 millones de pesos. La exfuncionaria de la administración de Samuel Moreno fue procesada bajo la figura de reo ausente, toda vez que está prófuga de la justicia, pese a que sobre ella pesa una circular roja de la Interpol.

Cabe recordar que durante una audiencia en 2013, el exdirector jurídico de la entidad, Inocencio Meléndez, reveló en el juicio contra Pardo Gaona que en marzo de 2010 la exdirectora de la entidad revocó la orden de cobro de dos multas cercanas a los 295 millones de pesos al Grupo Nule por el incumplimiento en la ejecución de la Fase III de Transmilenio.

Bajo la gravedad de juramento, Meléndez añadió que “la orden de perdonarles las multas obedeció a un consenso entre el concejal de Bogotá, José Juan Rodríguez, y el exalcalde Samuel Moreno Rojas”.

En cuanto a Moralesrussi, el juez de la causa lo halló culpable del delito de concusión. “Fueron cinco contratos derivados de la Fase III de Transmilenio, dos contratos de la malla vial y tres de valoración, es decir, por el daño, la gravedad e intensidad del dolo”, se lee en uno de los apartes de la acusación en su contra.

El sentido de fallo en contra de los exfuncionarios fue decretado en noviembre del año pasado y el monto de la pena se vino a conocer casi un año después. En esa oportunidad, el juzgador manifestó que “en cabeza del excontralor Moralesrussi se realizó de manera dolosa calculada y tardía el ejercicio de revisión fiscal, de control y supervisión a los contratos con el único fin de favorecer a terceros”.