El próximo martes, cuando el presidente Juan Manuel Santos haga su intervención en el pleno de la Asamblea General de la ONU, que celebra su aniversario 70, dirá con satisfacción que su palabra empeñada en sesiones anteriores sobre la paz en Colombia, se está cumpliendo.
Lo hará porque presentará avances concretos para la terminación del conflicto que se han dado en el proceso de paz con las Farc, en especial lo pactado para adoptar un modelo de justicia transicional basado en la restauración y reparación de las víctimas.
En entrevista concedida a Colprensa, el mandatario se refirió a los principales aspectos de ese modelo de justicia y dijo confiar en que los colombianos lo acompañarán, porque no es permisivo a la impunidad y porque con esta justicia especial, con la comisión de la verdad y con medidas concretas para garantizar que no haya más víctimas, se podrá cumplir con su reparación.
¿El acuerdo anunciado marca verdaderamente un punto de no retorno en la negociación? ¿Ya podemos hablar de una paz con las Farc?
Como dije en mi alocución desde La Habana, la paz es posible y está cada vez más cerca. No cabe duda de que el tema de la justicia, incluyendo la aceptación de responsabilidad por los delitos cometidos con ocasión del conflicto, era tal vez el más complejo. Por eso, al superarlo, sentimos que se ve luz al otro lado del túnel, tanto así que determinamos un plazo máximo de seis meses para que se firme al Acuerdo Final.
Usted anticipó que el acuerdo no dejaría satisfecho a todo el mundo. ¿Quiénes cree que no lo estarán y por qué?
Creo que la inmensa mayoría de los colombianos y de las organizaciones y personas del exterior que siguen el proceso, han encontrado que es un acuerdo muy razonable dentro de un proceso de paz. Los que no están contentos son los que piensan que hacer justicia es simplemente un tema de que todo el mundo vaya a la cárcel. En este acuerdo logramos un gran avance: los que no reconozcan su responsabilidad o lo hagan de manera tardía irán a la cárcel y los que reconozcan responsabilidad tendrán, de todas maneras, una sanción de restricción efectiva de la libertad, más la aplicación de una sanción restaurativa.
¿Colombia aceptará que en muchos casos no haya un cumplimiento efectivo de prisión en cárcel, sino en un sistema alternativo de privación de libertad?
Confío en la sensatez de los colombianos. Lo que acordamos fue la creación de una jurisdicción que garantiza el máximo de justicia posible y que nos permite lograr la paz. Hay varios componentes que garantizan la no impunidad por los crímenes más graves: los responsables tendrán que aceptar su responsabilidad y contar la verdad, tendrán sanciones con una restricción efectiva de la libertad entre 5 y 8 años, deberán cumplir con funciones reparadoras y restaurativas –como puede ser el desminado o apoyar la sustitución de cultivos ilícitos– y deberán participar en otras medidas de justicia transicional, como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición, y en acciones concretas de reparación. Y ojo: quienes no reconozcan su responsabilidad por los crímenes más graves, o lo hagan tardíamente, cumplirán penas de prisión más largas.
¿Por qué en el documento no existe una alusión específica a la reparación a las víctimas con bienes de las Farc?
El documento que se firmó sienta las bases del componente de justicia, que es uno de los derechos de las víctimas. El tema de la reparación no se ha definido todavía, pero va muy avanzado.
Esas víctimas, algunas que han criticado el acuerdo, ¿por qué deben estar seguras de que sí recibirán el máximo de satisfacción a sus reclamos?
En junio pasado acordamos la creación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, para lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas a través de distintos mecanismos que deberán estar articulados entre sí. Primero, con la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Segundo, la creación de esta Jurisdicción Especial para la Paz con sus salas y el Tribunal para la Paz. Y, finalmente, hemos avanzado en acordar medidas concretas de contribución a la reparación material y simbólica, que permitirá fortalecer los esfuerzos que ya venimos adelantando desde la Ley de Víctimas. Todo esto, dentro de un objetivo supremo de buscar la paz, para que no haya nuevas víctimas.
¿El Estado si está capacitado para responder a los enormes retos de investigación, seguridad y reparación que plantea este acuerdo?
Tenemos que estarlo. Si hemos respondido a medio siglo de conflicto, con lo costoso que eso es, cómo no poner todos nuestros esfuerzos ahora en la implementación de sistemas que nos permitan cerrar las heridas y avanzar hacia un futuro mejor. Las reformas legales y constitucionales que se harán para implementar el acuerdo, una vez refrendado por los colombianos, crearán la institucionalidad y mecanismos que se requieran.
¿Cómo espera que sea recibido este acuerdo en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas, donde usted hablará el martes?
La comunidad internacional ha recibido con enorme complacencia este acuerdo. Así me lo han hecho saber jefes de Estado, cancilleres y representantes de organismos internacionales. La Organización de las Naciones Unidas se creó para mantener y preservar la paz, y por eso este avance está siendo muy bien recibido.
¿Qué espera Colombia de la comunidad internacional, ahora que se conoce un acuerdo que se presenta como ajustado a la normatividad judicial internacional?
Esperamos que la comunidad internacional valore, precisamente, que este acuerdo lo hicimos respetando todos los parámetros del derecho internacional y de nuestra propia Constitución. Y que nos apoye en estos esfuerzos para lograr una paz sin impunidad que sea estable y duradera.
¿En Naciones Unidas avanzará usted en algún sentido para cambiar la situación que se está presentado con Venezuela por el diferendo limítrofe?
El tema con Venezuela lo estamos tratando directamente con Venezuela, con el acompañamiento que nos ofrecieron Ecuador y Uruguay.
Luego de la reunión con Nicolás Maduro en Quito, él anunció cierre de la frontera por seis meses más. ¿Qué deben esperar ahora los habitantes de nuestros municipios fronterizos?
Los habitantes de las zonas de frontera pueden estar seguros de que no los olvidamos ni los dejamos solos, y de que seguiremos trabajando con ellos para asegurar el respeto a sus derechos y que los efectos del cierre fronterizo no los perjudiquen mayormente. Nuestros ministros están haciendo seguimiento permanente a los planes económicos y sociales que pusimos en marcha. Y vamos a seguir trabajando con Venezuela, como acordamos en Quito, para tratar los temas sensibles y lograr la progresiva normalización de la frontera.
*Nueva York (Colprensa)
