Predios extensos, apartamentos lujosos, yates, fincas y otros bienes, han sido ocupados como castigo en polémicos casos de corrupción en Colombia que han llevado a la cárcel a ricos, políticos y contratistas como Alex Saab, Otto Bula, Alejandro Lyons y otros tristemente famosos.
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Muchos de estos bienes aún no han logrado ser vendidos o se encuentran en ese proceso en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), encargada de su administración.
Al inventario de esta entidad llegan constantemente todo tipo de bienes que se toman en procesos de extinción de dominio relacionados con narcotráfico, lavado de activos, entre otros delitos, y además es la receptora de los inmuebles que se le arrebatan a los corruptos envueltos en escándalos como Odebrecht, el Cartel de la Hemofilia, Interbolsa o el Carrusel de la Contratación, por lo que la entidad acumula 23.000 inmuebles en todo el país, con 1.700 sociedades.
Entre ellos, la SAE administra 4.500 activos con extinción de dominio que alcanzan un valor catastral y patrimonial de 1,8 billones de pesos. En lo corrido del 2021, han recibido 1.790 activos por diferentes delitos, que se encuentran en proceso de valoración comercial.
El estado de algunos de esos bienes está reservado en procesos judiciales sin conclusión, pero hay otros que no pueden escapar a la atención pública, debido a lo mediático de los procesos. Es lo que ha ocurrido con los bienes del controvertido empresario barranquillero Álex Saab, preso en Miami luego de ser extraditado desde Cabo Verde, el pasado 16 de octubre.
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A Saab, capturado en África el 12 de junio de 2020, la Fiscalía colombiana le impuso medidas cautelares sobre seis de sus propiedades en octubre del 2020, entre los que se encuentra un lujoso apartamento en Barranquilla. Los bienes ocupados por la Fiscalía en dos etapas diferentes, están avaluados en 38.000 millones de pesos y se encuentran arrendados por la SAE, ya que no han salido a la venta.
Al exsenador Otto Bula, condenado por el escándalo de Odebrecht, le ocuparon en el año 2017, 34 inmuebles, cinco vehículos y dos sociedades avaluadas en 53.000 millones de pesos, que estaban a su nombre y de presuntos testaferros. Casi cuatro años después, la SAE reporta que vendió una casa ubicada en el centro histórico de Cartagena, en 5 mil millones de pesos, pero los demás bienes se encuentran arrendados y otros en alistamiento para venta.
Caso distinto a los inmuebles ocupados al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, involucrado en el Cartel de la Hemofilia, el Cartel de la Toga, el desfalco a su departamento, entre otros, cuyos bienes ocupados en el 2018 no han salido a la venta, algunos están en arrendamiento. La Fiscalía le ha ocupado 22 inmuebles en Córdoba y Sucre, entre los que se encuentra una cabaña en Coveñas, que aparecía a nombre del papá de ‘El Ñoño’ Elías, pero que realmente era de Lyons, quien permanece detenido en Miami mientras se espera por su extradición a Colombia.
Aunque en los procesos de extinción de dominio en casos de corrupción se ocupan bienes millonarios, la lentitud de los procesos conllevan a que estos activos se deterioren y pierdan valor con los años. Para Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, el Estado difícilmente queda bien reparado y “a veces sale a deber cuando no logra la extinción al final de todo el proceso, debiendo indemnizar a los propietarios por su mala administración”.
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En otros casos no se percibe la acción de la justicia, ya que los corruptos siguen controlando sus activos o no cambian sus conductas. A Emilio Tapia, por ejemplo, en 2014 le ocuparon 24 bienes avaluados en 40.633 millones de pesos por su relación en el Carrusel de la Contratación. Sin embargo, este año su nombre apareció en el escándalo del contrato asignado por el Ministerio de las TIC a la Unión Temporal Centros Poblados, investigado por múltiples irregularidades, y por el que están rastreando el paradero de un anticipo de 70 mil millones de pesos.
“La extinción de dominio no puede evitar que alguien delinca o lo vuelva a hacer, tal como lo hizo Emilo Tapia. Pero sí tiene que garantizar que los crímenes sean castigados de forma implacable y que la reincidencia sea sancionada de forma drástica”, puntualiza Enciso.
Para el analista de la universidad Javeriana, Andrés Felipe Galindo, “si la justicia y los entes de control actuaran con contundencia, diría que la extinción de dominio es ejemplarizante. En las condiciones actuales no lo es”.
Lujoso hogar de Saab
Una mansión de 3.700 metros cuadrados en Barranquilla es una de las seis propiedades que el Estado le ha arrebatado a Álex Saab en el marco de las investigaciones que tiene en Colombia por enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, lavado de activos e importación o exportaciones ficticias. Entre los bienes incautados está otro inmueble en Cartagena, una motocicleta Harley Davidson y tres sociedades: Promotora Dubera SAS, HSC Capital SAS y Golden Sun Trading Colombia SAS. La Promotora Dubera SAS. posee unos activos de 35.000 millones de pesos, representados en siete inmuebles en Barranquilla. El valor total de los bienes de Saab, preso en Miami luego de su extradición desde Cabo Verde, es de aproximadamente 38.000 millones de pesos. Según la Fiscalía, las sociedades mencionadas eran utilizadas para el lavado de activos de una organización delictiva, ya que habían sido constituidas en papel como fachada por personas allegadas al controvertido Saab.
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Yate millonario
El yate Kyeye, adquirido en 2010 por un valor de 773.000 dólares (unos $2.924 millones de pesos al precio del 2010) es uno de los 11 bienes con extinción de dominio que el Estado les quitó a los responsables del escándalo de Interbolsa. Dichas propiedades de Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, administradores del fondo, estaban avaluados en 20 mil millones de pesos.
El yate fue adquirido por Inversiones Jaramillo Botero y Compañía, empresa de la que hacía parte Tomás Jaramillo, pero fue traspasado a la compañía Gaia Maritime Inc. La embarcación, modelo 2007, fue trasladada a Panamá en 2011, pero años después fue detectada en el muelle de la ciudad de Santa Marta, por lo que fue incautada por las autoridades. Para dificultar su rastreo, le cambiaron el nombre a Gaia y luego Gaia II. Fue subastado en 2018. Por el caso Interbolsa, fueron ocupadas fincas, lotes, oficinas y apartamentos en Bogotá, Medellín, Tenjo (Cundinamarca) y Cumaral (Meta), que hacen parte de los 11 bienes que pasaron a la SAE.
Cabaña en la playa
Una cabaña y un lote en Coveñas, Sucre, fue uno de los 12 inmuebles ocupados por la Fiscalía a Alejandro Lyons, avaluados en 18.500 millones de pesos. La cabaña es uno de los bienes más grandes y estaba a nombre de Bernardo Miguel Elías Nader, padre del exsenador ‘Ñoño’ Elías, condenado por la Corte Suprema de Justicia por el caso Odebrecht, aunque la Fiscalía determinó que era realmente de Lyons. Además de los 12 inmuebles, las autoridades ya le habían ocupado 10 propiedades en Sahagún y Pueblo Nuevo, Córdoba, que estaban tituladas a terceros, aunque realmente eran parte de su patrimonio oculto. Las fincas La Línea, San José, La Loma y Si Quieres, ubicadas en Sahagún (Córdoba), y cuyo valor superaría los 3.000 millones de pesos, también pertenecerían a Lyons, pero figuraban a nombre de la Sociedad JF Villa S.A.S.
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La Fiscalía determinó que el exgobernador pagó 1.200 millones de pesos a los propietarios, entregados en una tula en efectivo, y otra parte en una nevera de pasta.
Bienes en cuatro departamentos
Inmuebles en Cartagena, Medellín, Bogotá y varios municipios de Córdoba, Sucre y Bolívar hacen parte de los 34 bienes que le ocupó la Fiscalía General a Otto Bula, condenado por el escándalo de Odebrecht. A esos predios se suman 5 vehículos y dos sociedades, lo que en total estaba avaluado en 53.000 millones de pesos, y que estaban a su nombre, de sus familiares y de supuestos testaferros. En su momento, a Bula le quitaron 645 cabezas de ganado; 471 en Córdoba y 174 en Bolívar. Además del escándalo de Odebrecht, en 2017 la Fiscalía hizo extinción de dominio a 686 bienes de Bula, relacionados con sus presuntos vínculos con la Oficina de Envigado y supuestas actividades que incidieron en desplazamiento forzado en los Montes de María. A inicios de este mes, la Corte Suprema de Justicia rebajó de 9 a 8 años y medio, la condena contra el exfiscal Rodrigo Aldana, por favorecer a Bula en un proceso de extinción de dominio a cambio de un apartamento avaluado en 235 millones de pesos.
Fuente: El Colombiano
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