La Sección Segunda del Consejo de Estado mantuvo en firme la sanción de 16 años que el exprocurador Alejandro Ordóñez le impuso al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, por las irregularidades halladas en el programa Agro Ingreso Seguro.

La decisión fue proferida por el magistrado César Palomino Cortés al resolver una demanda interpuesta por la defensa del hoy extraditado exfuncionario del gobierno de Álvaro Uribe Vélez que pedía que se declarara nulidad sobre la decisión proferida por el actual embajador de Colombia ante la OEA.

Ordóñez, en su momento, enfatizó que “el señor Arias Leiva intervino en la celebración de los convenios especiales de cooperación científica y tecnológica números 003 de 2007 y 055 de 2008 con omisión de estudios previos, y 052 de 2009 y 037 de 2009 sin contar con estudios técnicos, financiero y jurídicos precisos y completos”.

Pero fue más allá y dijo que el exministro de Álvaro Uribe desconoció los principios transparencia, selección objetiva y responsabilidad que rigen la actividad contractual. Esto ya que el órgano de control demostró en el expediente que el entonces jefe de la cartera del agro aprobó los términos de referencia de las convocatorias públicas de riego y drenaje I y II de 2008, correspondientes al convenio No. 055/08, suscrito entre el Ministerio de Agricultura y el Instituto de Cooperación Interamericano para la Agricultura, IICA, sin que dichos términos de referencia contaran con factores de evaluación precisos y claros.

“Esta conducta provocó que durante 2008 se aprobaran proyectos de riego y drenaje sin el lleno de los requisitos, al igual que la asignación de apoyos económicos a proyectos de la misma naturaleza que no contaban con estudios serios que permitieran garantizar la ejecución de las obras de riego y drenaje, la asignación de recursos y aprobación de proyectos pertenecientes a un mismo predio de explotación agrícola”, precisó Ordóñez.

De parte de la Procuraduría a Arias se le endilgó una tercera conducta de la que fue encontrado culpable por violar los topes de gastos de administración y operación para el programa AIS.

El fallo sintetiza que con esa conducta se desbordó “para el año 2008 el porcentaje establecido en el parágrafo 6º de la ley 1133 de 2007 en la suma de $6.696.458.119, del total de los recursos apropiados”.