El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, pasa uno de los momentos más difíciles desde que está a cargo del ente investigador de Colombia, tras conocerse que en su administración se han firmado contratos millonarios para recibir asesorías externas. 

Las críticas no han parado de llegar al fiscal, tanto que algunos que ocuparon antes su cargo, ya han calificado este caso como un “carrusel de contratación”. 

Las acusaciones a Montealegre no han generado solo críticas; a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes llegó la solicitud del senador del Centro Democrático Ernesto Macías, para que el fiscal general asista a un debate de control político y le responda al Congreso de la República cerca de 30 preguntas, formuladas por ese dirigente huilense, junto a otros parlamentarios de oposición. 

El senador le explicó a Colprensa que el Centro Democrático no va a revelar los documentos que sustentan sus denuncias, hasta cuando el fiscal se presente en el recinto, para responder a las supuestas irregularidades. 

“Radiqué la proposición después de analizar varias situaciones de orden fiscal, que el país ni el Congreso conocen, hechos que corresponden tanto a la contratación de asesores, como a la renta de inmuebles”, afirmó. 

Para el senador, la contratación por parte de la Fiscalía es exagerada, y se deben considerar como graves que los convenios con asesores fueron realizados de manera directa y que hayan costado diez mil millones de pesos.

El jueves, el fiscal Montealegre aseguró que los contratos de la Fiscalía no tienen ningún tipo de irregularidad y que no se deben levantar suspicacias por los asesores externos que están colaborando con la institución. 

Semana complicada

El mal rato de la Fiscalía lo agravó el viernes la medida de aseguramiento a trece presuntos integrantes de una célula urbana del Eln. 

Sin embargo, la judicatura dio un giro inesperado al caso, pues un juez de segunda instancia dejó libres a los implicados, argumentando que la Fiscalía no había explicado la responsabilidad de cada uno de los imputados. 

La decisión deja muy mal parada a la Fiscalía, aunque los procesados siguen vinculados al proceso, pues en diferentes ocasiones este caso fue calificado como “un falso positivo judicial”. 

Ahora se ha vuelto un nuevo golpe a la credibilidad de la entidad, por lo que se presume que esta será una semana bastante complicada en la Fiscalía, pues tendrá que empezar a dar explicaciones sobre los escándalos en que anda comprometida.

*Bogotá | Colprensa