El borrador del decreto que alista el Gobierno Nacional para otorgar la detención domiciliaria transitoria a cerca de 10.000 privados de la libertad que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al coronavirus, mantiene abierta la discusión sobre los pros y los contras de una medida en ese sentido.

El martes, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación coincidieron en que se debe tener en cuenta la congestión judicial que ya existe y que se aumentará una vez el Ministerio de Justicia le dé vía libre a la medida.

“Hoy existe una alta congestión en la resolución de este tipo de medidas y con las disposiciones del Decreto solo se exacerbaría”, consideró el fiscal general, Francisco Barbosa.

Su reparo recae sobre el artículo 7 del borrador del decreto, que ordena a los jueces decidir sobre la sustitución de la medida intramural por prisión domiciliaria transitoria de todos los casos que lleguen a su conocimiento, en tres días corrientes.

A juicio del fiscal, con esto se desconocen no solo las limitaciones de los despachos judiciales en términos de carga laboral sino la posibilidad, previsible, de la interposición masiva de recursos de habeas corpus o acciones de tutela por parte de los internos para obtener una respuesta a su situación jurídica.

Entre tanto, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la magistrada Diana Remolina, también hizo una observación en el sentido de que si se llegara a registrar la excarcelación masiva, los jueces tendrían a su cargo una jornada laboral extensa para dar vía libre a las solicitudes.

Para Remolina, es necesario tener en cuenta que el término para decidir las detenciones domiciliarias debe ser superior a tres días, que en todo caso deberán ser hábiles y contados desde que el juez reciba la solicitud.

El lunes, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, dijo que se llegó a un consenso  en el sentido de que el proceso debe ser transitorio, gradual y escalonado para no aumentar la congestión judicial.

“La serenidad, la prudencia y el equilibrio deben guiarnos a la hora de tomar decisiones. Y está claro que la inteligencia, la innovación y la urgencia nos van a ayudar a salvar vidas: las de los privados de la libertad, pero también las del personal de guardia, administrativo y logístico de los centros de reclusión”, afirmó la funcionaria.

El domicilio como detención

En una misiva de 17 páginas dirigida al presidente Iván Duque, los presidentes de las altas cortes y la ministra de Justicia, el fiscal general manifestó su preocupación por las personas que no tienen domicilio donde cumplir su pena.

“Para ello se deberían considerar al menos dos fuentes de financiación: de un lado, los recursos de la USPEC que cuenta actualmente con proyectos de inversión de este tipo y con dinero para financiarlos y, adicionalmente, se podrían considerar bienes a cargo de la SAE que puedan ser adaptados rápidamente para esta finalidad”, propuso.

Con respecto a esta última idea, el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, también sugirió acondicionar unos 93 hoteles que están en propiedad de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), para recibir unos 40.000 presos, que constituyen la sobrepoblación carcelaria del país. 

El funcionario dijo que es preocupante que se tenga una población carcelaria de alrededor de 123.000 presos con un índice de hacinamiento del 52,25%, es decir, 42.284 personas más en las diferentes cárceles.

‘Es urgente tomar una medida’

El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, advirtió que es imperativo que el Estado, en su conjunto, ante la emergencia sanitaria decretada por la pandemia, salvaguarde los derechos y las garantías de los más de 123.400 reclusos en Colombia.

Precisó que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), deberá garantizar medidas de autocuidado y disponer en todos los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país, del personal médico y los elementos de protección necesarios para los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia y a las personas privadas de la libertad, quienes deberán tener acceso ininterrumpido a los servicios públicos esenciales.