Las voces de los líderes
Para dar inicio a esta audiencia pública, el magistrado ponente habló sobre la importancia social que tiene este proceso y hace referencia a nueve tutelas presentadas por 18 ciudadanos que se identifican como población líder y defensora de derechos humanos contra autoridades estatales.
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Luego de la breve introducción del magistrado Reyes Cuartas, el turno fue para Fabian Laverde Doncel, un líder social que se pronunció sobre la gravedad actual del país y denunció la situación de seguridad que afrontan los líderes y lideresas de las regiones del país y recalcó: “Defender los derechos humanos no nos puede costar la vida”.Después, ante la audiencia, se dirigió el Director de Dejusticia, el abogado constitucionalista Rodrigo Uprimmy, quien se pronunció sobre la deslumbrante situación de los líderes sociales en Colombia y dijo que esta problemática, al día de hoy, no cambia y por lo contrario, se sale cada vez de las manos.
“La violencia contra líderes y lideresas es gravísima, por su intensidad y sus impactos, pues no sólo viola sus derechos e integridad de su vida, si no que viola sus derechos a defender derechos” , mencionó.
Y también dijo: “La situación de los líderes y lideresas del país no ha mejorado durante el actual Gobierno. Entre 2016 y 2019 los homicidios pasaron de 61 a 108, así como otros delitos también aumentaron”.
Erlendy Cuero Bravo, lideresa representante de la comunidad afro, quien denunció la falta de garantías del Estado hacia los activistas sociales y se notó preocupada por los problemas de seguridad que los líderes afro han tenido en la protección individual, aseguró que no se han fijado medidas por parte de instituciones, y que la situación de riesgo para ellos es bien grande .
“Es importante que este tipo de situaciones que persisten, tengan que tener una solución de fondo que permita seguir avanzando en esa construcción de paz. Nosotros trabajamos en nuestros territorios en el marco de preservar la vida, proteger nuestra niñez, pero también de las mujeres y personas mayores”, Cuero. Dijo: “Por favor se nos permitan las garantías reales para continuar en la defensa de derechos”.
Cabe resaltar que en 2018, el Gobierno afirmó que llevaría a cabo el Plan de Acción Oportuna (PAO), una medida para responder a la violencia que afecta a los líderes y lideresas sociales. En este proceso ignoró las dudas sobre el plan que tenían las organizaciones de la sociedad civil y líderes sociales, quienes no tuvieron participación ni en la configuración ni en la implementación.
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“Muchas de las medidas que se toman carecen de un análisis del contexto. Frente a la ineficacia de las medidas, hemos optado por implementar mecanismos de autoprotección”, pronunció Óscar Gerardo Salazar, otro líder social.“Es urgente implementar de manera integral para el grupo cultural campesino, tanto en lo individual como colectivo, el enfoque diferencial, con todo lo que ello implica para las comunidades, sus organizaciones y sus líderes y sus derechos”, señaló Óscar Salazar Muñoz.
De esta manera, los líderes accionantes que participaron en el primer eje temático de la audiencia pública, expresaron las causas del continuo abandono del Estado y como vulnera sus derechos fundamentales, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de respeto, garantía y protección de su vida y de los colectivos que integran.
La alta comisionada
La representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, Reiteró la importancia de que se fortalezca la presencia integral del Estado en territorios afectados por el conflicto y se coordinen las respuestas interinstitucionales apropiadas para garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades, incluido el acceso a la justicia.
También hizo un llamado a reforzar la implementación de las recomendaciones de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y los mecanismos de protección colectiva en los territorios.
“Se debe atender el problema del incremento general de la violencia en los territorios para prevenir las agresiones contra personas defensoras, esto solo se logrará reforzando la implementación del proceso de paz a nivel nacional y territorial”, señaló.
Asimismo, mencionó que las medidas para enfrentar la situación de los líderes y lideresas sociales han demostrado ser ineficaces, como lo indican las cifras de violaciones a los derechos a la vida y a la integridad personal, las denuncias de amenazas, de desplazamientos y otras vulneraciones.
“La muerte de los defensores de derechos humanos no disminuyó con la firma del Acuerdo de Paz. Desde el 2016 las cifras han venido aumentando y hoy se presentan alrededor de 100 cada año”, dijo la alta comisionada, Juliette de Rivero.
Y también dijo: “100 casos de homicidios de defensores verificados en el 2021 fueron casos de muerte que ocurrieron en el contexto de protestas. Es decir, al fallecer estaban ejerciendo su derecho a la protesta pacífica, defendiendo sus derechos como los de las otras personas”.