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Corte de un año de plazo para superar crisis en La Guajira

Viernes, 14 de Octubre de 2016
Una de las razones por las que persisten los problemas de atención es la corrupción de los recursos.

La Corte Constitucional dio un plazo de un año al Gobierno Nacional para superar las críticas condiciones que enfrenta el departamento de La Guajira en materia de alimentación y salud de los niños de la comunidad Wayuú.

En fallo de tutela, la Corte cuestionó al Gobierno por la crisis humanitaria de esa comunidad porque a pesar de algunas medidas adoptadas por el Ejecutivo "la situación de desprotección de los niños Wayuú persiste, y no se evidencian resultados contundentes que permitan decir que esa situación está superada".

"A pesar de formularse políticas nacionales más ambiciosas, si no están acompañadas por una gestión eficaz, no se conseguirá un beneficio para las comunidades necesitadas", dijo la Corte al cuestionar que no recibió de parte del Gobierno y las estadísticas adecuadas sobre el pueblo Wayuú.

Para la Corte, una de las razones por las que persisten los problemas de atención es la corrupción de los recursos. "Siempre que la corrupción continúe dominando la asignación de los recursos, la acción del Estado será un fracaso".

"El tiempo adecuado para conjurar la situación de urgencia que aqueja a la niñez Wayuú corresponde a un año a partir de la publicación de esta providencia, cuya verificación de cumplimiento, dada la importancia del caso y su naturaleza, se mantendrá en cabeza de esta sala", precisó la Corporación.

En el fallo se ordena a las auroridades locales y nacionales fortalecer la lactancia materna, hacer campañas para el consumo de agua hervida y para la desparasitación infantil, así como instalar unidades móviles para prestar el servicio de salud y diseñar programas de alimentación.

La Corte, igualmente, ordenó coordinar, preparar, aprobar y publicar al menos dos documentos Conpes para el establecimiento de una política nacional de seguridad alimentaria para la niñez Wayuú.

La Sala, además, ordenó a la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y a la Superintendencia de Salud controlar actos de corrupción que pongan en riego la salud, alimentación y el acceso al agua en el departamento.