La Corte Constitucional una vez más le recordó al Gobierno que no puede adelantar proyectos mineros sin hacer consulta previa en las comunidades y por esa razón tumbó dos resoluciones que habían delimitado y declarado zonas estratégicas mineras en 20 departamentos, entre éstos Norte de Santander.
El fallo, que la Corte profirió al estudiar una tutela, deja sin piso las resoluciones 180241 y 0045 del 2012 del Ministerio de Minas y de la Agencia Nacional Minera, respectivamente, con las cuales se delimitaron dichas zonas sobre territorios ancestrales de 17 comunidades. Igualmente, tumbó la resolución 429 del 2013.
La Corte le advirtió a los ministerios de Minas, del Interior y a la Agencia Nacional de Minería que en adelante hagan el procedimiento de consulta previa con las comunidades indias y afrodescendientes que habiten los territorios que pretendan declarar como áreas estratégicas mineras.
La decisión señala que solo con la declaratoria y delimitación de estas áreas se pone en riesgo “así no sea latente”, la subsistencia de las comunidades, así como su identidad étnica y cultural, sus valores, costumbres y formas de apropiación del territorio.
De acuerdo con la Corte, con las citadas resoluciones, declararon dichas zonas de manera unilateral, hecho que seguramente terminaría en un contrato de concesión minera, sin consulta. “Crearon una restricción para su uso e impusieron un modelo de desarrollo de la industria extractiva”, dice el fallo.
Esta determinación, que es crucial para la agenda minera del Gobierno actual, dejó sin sustento la resolución No. 180102 de 2012 que fijaba como potenciales zonas mineras 2.900.947.78 hectáreas, correspondientes en 313 bloques en Antioquia, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Huila, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca.
Igualmente, la resolución 0045 de la Agencia Nacional Minera con la que se delimitaron y declararon zonas áreas estratégicas 17.570.198.92 hectáreas, correspondientes a 202 bloques ubicados en Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada y Chocó.
La Corte tomó otra decisión, esta vez de Sala Plena, en la que tumbó la facultad de la Autoridad Minera Nacional para delimitar “indefinidamente” áreas especiales de interés estratégico para el desarrollo minero del país.
En esta decisión, la Corte estudió una demanda contra el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 por estimar que se desconocía el principio de desarrollo sostenible y el derecho a gozar de un ambiente sano.
Bogotá | Colprensa
