La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó el proyecto de ley que pretendía bajar los aportes en salud de los pensionados del 12 % al 4 %.
Los magistrados avalaron los argumentos del Gobierno, el cual había presentado objeciones a la ley aprobada por el Congreso, el cual estableció una exención tributaria sin el aval gubernamental, algo que es inconstitucional.
La aprobación de dicha ley causó un enfrentamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo: el primero aprobó la ley a pesar de las reservas del Gobierno, este la devolvió argumentando que dicha iniciativa generaría un hueco fiscal, y el Congreso dejó la propuesta como estaba, con un resultado de 60 votos a favor, a pesar de que hubo propuestas para dejar la rebaja de la cotización solo para quienes devengaran pensiones inferiores a los cuatro salarios mínimos legales mensuales.
Uno de los congresistas que defendió ante todo la conveniencia del proyecto fue el entonces presidente del Senado, Mauricio Lizcano, quien siempre manifestó que dicha iniciativa fue una promesa de campaña durante el proceso de reelección del presidente Juan Manuel Santos.
Para el Gobierno no era clara la forma en la que se iban a sustituir los recursos que dejarían de aportar unos 4,4 millones de colombianos, con lo que el sistema dejaría de recibir unos 3,7 billones de pesos, entre 2017 y 2022.
Para llegar a la decisión, la Corte le solicitó al Congreso que entregara las gacetas y las actas respectivas sobre el trámite del proyecto de ley y de la votación de las objeciones que presentó el Presidente de la República.
Igualmente, el alto tribunal pidió que se pronunciaran al respecto los ministerios de Hacienda, Trabajo, Salud; al igual que el Departamento Nacional de Planeación (DNP), a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Instituto de Derecho Tributario, a organizaciones sindicales y a Colpensiones, entre otros.
Por su parte, en su momento un grupo de pensionados se movilizó desde el Planetario Distrital al Palacio de Justicia por considerar que las objeciones presidenciales no tenían fundamento.
Para el Representante a la Cámara, Alirio Uribe Muñoz, autor del proyecto de ley, la Corte Constitucional debía darle “la razón a los más de 2 millones de pensionados que aspiran no seguir pagando con el salario mínimo actual la suma de 93.750 pesos, sino 31.250 pesos con la rebaja del 12 % al 4%”.
Al respecto, el Senador Iván Cepeda manifestó que era un asunto de justicia y añadió que “no son trabajadores activos y tampoco empleadores, luego no hay razón para que paguen por los dos, y menos cuando cuatro de cada cinco pensionados reciben una pensión igual al salario mínimo”.
