La defensa del exdirector del DAS Miguel Alfredo Maza Márquez solicitó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que anule toda la actuación en su contra por su supuesta responsabilidad en el magnicidio del líder liberal Luis Carlos Galán, ocurrido el 18 de agosto de 1989. En audiencia de alegatos de conclusión, el abogado Iván González señaló que así lo debe hacer la Corte porque, en su criterio, el crimen de Galán no es de lesa humanidad y en consecuencia ya habría prescrito la acción penal contra el general Maza.
De acuerdo con el abogado, si la Corte mantiene la tesis de que se trata de un delito de lesa humanidad –como lo ratificó al comienzo del juicio- se estaría señalando que en momento de ocurrencia del crimen tendrían valor disposiciones judiciales como el Estatuto de Roma que fue suscrito por Colombia con posterioridad. González señaló que está demostrado que la responsabilidad del hecho es atribuible al Cartel de Medellín, con alianza con las Autodefensas, como lo comprueban sentencias en ese sentido que están plenamente vigentes.
“El Cartel de Medellín y las Autodefensas que lo auxiliaron en el año de 1989 no configuran, en términos del derecho internacional, una organización que pueda estructurar una política de ataque a la población civil como quiera que no se trata de una organización política que pueda ejercer control sobre el territorio o la población, sino que se trata de una organización delincuencial que no perseguía más que propósitos de lucro, propósitos terroristas y nunca tuvo en la época de delito posibilidad real de controlar el territorio o la población, aun cuando después, en el periodo de Cesar Gaviria, el Estado haya claudicado a sus exigencias y haya configurado un ordenamiento jurídico que les dio cobertura”, señaló el abogado.
De acuerdo con González, para 1989, las autodefensas del Magdalena Medio así estuvieran apoyadas por el Ejército, eran en esa época “una incipiente estructura de bandas criminales que operaban aisladamente, no tenían lazos definidas con una opción política determinada ni tenían la capacidad de gobernar los aspectos ordinarios de la vida de la población civil”.
Según González, dichas estructuras paramilitares en la época se dedicaban principalmente a la defensa “de los intereses particulares del mejor postor ya que por igual defendían a los miembros del M-19, a los ganaderos, a los narcotraficantes que se valían de ellos, a los políticos que requerían su intervención para mantener o aumentar su caudal electoral.
*Bogotá | Colprensa
