El procurador general de Colombia, Fernando Carrillo, pidió al Gobierno replantear el esquema de protección de los líderes y defensores de derechos humanos porque este ya cumplió su ciclo y se debe pensar en una política pública basada en mecanismos de defensa colectiva y no individual.
“Estamos frente a nuevos fenómenos en donde tenemos que ser innovadores y pensar en las comunidades”, dijo Carrillo en el foro “Retos y balance de la política de protección y derecho a la vida de líderes y lideresas sociales étnicos” realizado en Bogotá.
El jefe del Ministerio Público advirtió que “la muerte de un solo líder es de por sí el fracaso del Estado”.
Asimismo, Carrillo solicitó revisar los mecanismos de protección individuales y colectivos para constituir una Mesa Nacional de Protección que pueda presentar al Gobierno propuestas serias y razonables.
“Llamamos al Estado y al Gobierno a entender que los mecanismos de protección colectiva hay que construirlos con las comunidades y autoridades étnicas”, recalcó.
Al referirse al financiamiento del nuevo modelo de protección advirtió que “si hubo plata para la guerra, debe haber plata para garantizar la vida de las comunidades”.
Carrillo urgió al Gobierno para que valide y fortalezca los mecanismos de autoprotección de las etnias que vienen funcionando como la guardia indígena.
“Tenemos por delante una tarea interinstitucional de gran envergadura que exige imaginación y compromiso”, dijo.
Agregó que hay mucho que aprender de las comunidades, hay esperanza por sembrar en la Colombia olvidada”, aseguró el procurador.
Un total de 46 defensores de derechos humanos fueron asesinados en el primer trimestre de este año, 26 más que en el mismo periodo de 2017, según un informe divulgado el miércoles pasado por el programa privado Somos Defensores.
El documento añade que 12 defensores sufrieron atentados, 66 fueron amenazados, a seis les robaron información, uno desapareció y otro más fue judicializado, datos que sumados a los asesinatos completan 132 agresiones entre enero y marzo de este año.
Los presuntos responsables de las agresiones, contabilizadas por el Siaddhh, son desconocidos (55), paramilitares (47), la Fuerza Pública (5) y las guerrillas (7).
