El presidente de la República, Juan Manuel Santos, en compañía del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el ministro de Justicia, Enrique Gil, anunció nuevas medidas para las víctimas de Mocoa (Putumayo), por un lado para el pago de sus créditos, y por el otro para hacer trámites. 

“El Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia Financiera ha tomado una serie de medidas para que los bancos y las aseguradoras den atención prioritaria a los afectados por la avalancha en Mocoa (…). Los damnificados que tengan créditos podrán reprogramar sus créditos con periodos de gracia, suspender la causación de intereses sin que eso afecte su calificación de crédito”, dijo el mandatario. 

Los bancos deberán mantener la prestación del servicio en las oficinas que están ubicadas en Mocoa; si la persona no tiene documento de identificación se usarán mecanismos alternativos para garantizar el acceso a los servicios y productos; se deberá dar respuesta rápida a solicitudes de servicios como para reestructuración de créditos, y “las compañías de seguros deberán disponer mecanismos que permitan agilizar los procesos de atención de los siniestros teniendo en cuenta que muchos de los damnificados pueden haber perdido los documentos del seguro”. 

Notaría móvil 

Mientras tanto con el Ministerio de Justicia se iniciará una brigada con los servicios jurídicos y notariales, empezando con la llegada de una notaría móvil con abogados, con capacidad de identificación biométrica y conectada por vía satélite con la Registraduría Nacional. 

“Esto es clave pues en Mocoa solo hay una notaría que obviamente no da abasto, pero se van a agilizar los certificados de defunción, declaraciones extra juicio y todos los trámites notariales”, dijo el presidente. 

Los desaparecidos

El presidente Santos aseguró que la cifra de desaparecidos tras la tragedia ocurrida el fin de semana en Mocoa, se mantiene en 467 personas, de las cuales se logró ubicar a 119 con vida y 34 más fallecidas. 

Los muertos anoche ascendían a 301, según el nuevo reporte entregado por el presidente Santos. También explicó que ya se han entregado 195 cuerpos. Frente a los heridos, hay 332, de los cuales 114 han sido remitidos a otros hospitales, 119 fueron dados de alta y 19 siguen en el hospital de Mocoa. 

En siete albergues permanecen 2700 personas y ya hay 1518 personas se han registrado como damnificados, aunque hay quienes quieren aprovecharse de la situación, por lo que se está haciendo el registro con cuidado y se espera cerrar lo más pronto posible. 

La campaña de vacunación continúa y ya han sido beneficiadas 2000 personas: “Ayer siguió la labor con 30 personas en nueve puestos. Esta campaña debe durar hasta el domingo”. 

12.000 niños sin clases

De acuerdo con la valoración de la emergencia, la Secretaria de Educación de Mocoa ha ordenado mediante la Resolución 0976 del 2 de abril de 2017 suspender el servicio de educación en Mocoa por falta de acceso a servicios públicos, lo cual afecta a más de 12.000 niños y niñas en todo el municipio.

Según información de la Unidad de Gestión del Riesgo, se encuentran principalmente afectadas tres Instituciones Educativas que son el Centro Educativo Bilingüe Inga Ametza; Institución Educativa Fidel de Monclart; Institución Educativa Fray Plácido (sede Miraflores). Así mismo, otras dos escuelas de la zona están siendo utilizadas como albergues temporales.   

“Unicef hace un llamado al país para que las escuelas e instituciones educativas que están siendo utilizadas como albergues sean evacuadas cuanto antes y que las familias que se encuentran habitando temporalmente estos lugares sean atendidas de manera prioritaria, pues es fundamental restablecer el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes afectados por la emergencia en Mocoa”, dijo Roberto De Bernardi, representante de Unicef Colombia.

Unicef junto con los socios locales de la Mesa Nacional de Educación en Emergencias, continúan valorando la redistribución de las niñas, niños y adolescentes afectados hacia las sedes escolares sin afectación y a su vez la necesidad  de la instalación de aulas temporales.