El contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, reveló que tras una investigación de la Central de Información Contractual del país (OCÉANO) en donde fueron depurados 8 millones de registros de contratos, se pudo evidenciar que en el país existe una malla de contratistas que concentra una importante porción de contratos por 60 billones de pesos.
"Esos contratistas, plenamente identificados, se repiten y actúan camuflados detrás de Consorcios, Uniones Temporales, o a veces como personas naturales. Esa malla de contratistas, que se hacen a esa importante porción de los negocios públicos en Colombia, apenas supera los 13.000 integrantes, un número que habla de una dramática falta de transparencia y de la ausencia del principio de la libre concurrencia de proponentes", indicó Córdoba.
De acuerdo con el funcionario, el 40,5 % de los contratos revisados fueron adjudicados directamente y en un 26,4 % de los casos se utilizó en mecanismo de la licitación pública.
"La Contraloría comprobó que la administración no conoce o ignora el perfil básico de sus contratistas y no siempre tiene en cuenta sus antecedentes. Pero más grave aún: descubrió personas que obtuvieron jugosos contratos pese a estar inhabilitados disciplinaría y fiscalmente, sobre todo a nivel territorial", indicó el jefe del organismo de control.
En ese sentido, durante la evaluación se detectaron casos donde una misma persona se encarga en una entidad territorial de adquisición de maquinaria, dotación de calzado, provisión de refrigerios estudiantiles y hasta la celebración de reinados. Además, se identificó un contratista que suministraba cajas fúnebres e insumos agrícolas y, al tiempo, tenía otro contrato adecuando estaciones de Policía.
"La zona más afectada por la concentración de la contratación es la Región Caribe, con 41.029 registros o contratos por 20,4 billones de pesos. Le sigue el Eje Cafetero con contratos por 16,4 billones de pesos", explicó la Contraloría.
En ese sentido, el contralor destacó que a través de la herramienta 'Océano' se podrá luchar articuladamente contra la corrupción, anticipándose a que se vuelvan a registrar casos emblemáticos como Odebrecht y los carteles de la contratación en el país.
"El objetivo a cumplir es que esta Central de Información Contractual llegué a funcionar en tiempo real y alimentada por todas las fuentes que sean necesarias y que, finalmente, en un futuro se pueda llegar a hacer una especie de corrupción predictiva y señalar con oportunidad contratos y modalidades donde se puedan dar irregularidades que afecten el patrimonio público", indicó Córdoba.
