Ella, y otras personas capturadas, harían parte de un red criminal que "condujo a que miles de colombianos adquirieran medicamentos, suplementos dietarios y productos de belleza sin inspecciones científicas lo que representa un verdadero peligro para los colombianos". El Juzgado 70 con función de
Control de Garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra 15 personas vinculadas en una organización dedicada a tramitar registros sanitarios falsos. Por estos hechos fue cobijada con detención domiciliaria la empresaria de productos de belleza Stella Durán de Navarro.
El juez determinó que Diego Fernando Isaza Ortíz, Melissa Márquez, Márquez, Laura Marcela Rodríguez Castro, Jhon Leandro Plata Hernández, Claudia Lizeht Peñaranda Mantilla, Anayibe Gómez Riveros, Hernán Darío Herrera García, Álvaro Antonio Domínguez Hincapié, Jorge Iván Sánchez, Rafael Orlando Higuera Bello, Clara Inés Acevedo Galvis, María Cristina Calderón Ortiz, Agustín José Sánchez Mora, Miguel Ángel Gómez Rodríguez y Alicia Fernanda Celis Ferreira, debían permanecer en prisión debido a que son un peligro para la sociedad y podrían obstruir la justicia.
A Durán el juez le otorgó prisión domiciliaria por su grave estado de salud, incluso mientras asistía al proceso judicial tuvo varias crisis, por lo que obligó a las autoridades a remitirla a un centro asistencial.
Según el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, las personas hoy capturadas harían parte de un red criminal que "condujo a que miles de colombianos adquirieran medicamentos, suplementos dietarios y productos de belleza sin inspecciones científicas lo que representa un verdadero peligro para los colombianos".
El jefe del ente acusador anunció que por estos hechos fueron capturados 12 funcionarios del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) quienes estarían vinculados en dicho "esquema criminal". Las investigaciones de la Fiscalía empezaron desde mediados de 2017 cuando interceptaron 100 líneas telefónicas y realizaron otros actos judiciales.
Para el fiscal General, es claro que los funcionarios del Invima habrían recibido dinero para obtener registros sanitarios falsos, sin que la entidad haya revisado los lineamientos que deben cumplir para salir al mercado.
