El Juzgado Primero Penal municipal dictó orden de arresto contra el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo por desacato al fallo de tutela proferido el pasado 24 de agosto de 2016 en favor de Óscar Fernando Rengifo Arbeláez

Así mismo, ordenó el pago de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes dentro de los tres días siguientes a la decisión promulgada el pasado 31 de marzo.

Según la providencia, la Alcaldía debía suscribir en el término de un mes un convenio interadministrativo con el Ibal para que la empresa ejecutará en 20 días las obras conducentes a la recuperación de un tramo de alcantarillado en la vivienda de Rengifo, ubicada en el barrio Boquerón.

El Juez amparó los derechos a la salud y a la vida en condiciones dignas del afectado, destacando que han transcurrido más de seis meses desde que se profirió la decisión y más de cuatro meses para cumplir con la orden judicial sin que se haya reparado la red de alcantarillado.

El Juez reconoce que si bien la Alcaldía de Ibagué firmó el convenio el 21 de noviembre, lo efectuó 21 días después del fallo judicial del Juez Tercero Penal del Circuito del 26 de septiembre y cuya decisión de segunda instancia establecía que el plazo era hasta el 29 de septiembre.

Sin embargo, el 22 de diciembre fueron suspendidos los trabajos aduciendo condiciones climáticas, que hasta le fecha, transcurridos más de tres meses se siguen argumentando.

La empresa de Acueducto de Alcantarillado (Ibal) en oficio allegado al despacho judicial manifestó que se encontraba a la espera del giro de los recursos por parte del Municipio.

El Juez Primero Penal municipal estableció que esta es la situación que realmente ha impedido al Ibal ejecutar las obras de reparación en la vivienda de Rengifo Arbeláez.

“De lo anterior se tiene que si bien es cierto, en principio el señor Alcalde, procuró tardíamente, por el acatamiento de la decisión al suscribir el convenio interadministrativo, también lo es que no realizó el giro de los recursos para que el Ibal lo ejecutara y hasta el momento se aducen razones de mal tiempo para las diversas suspensiones al convenio, cuando en realidad solo está en trámite un primer desembolso por el 50% del valor del mismo” y con fecha del 2 de marzo.

El Juzgado Primero Penal municipal ofició a la Fiscalía y a la Procuraduría para que se impongan las sanciones de su competencia.