El presidente Iván Duque consideró sesgado e impreciso el informe de Naciones Unidas sobre derechos humanos en Colombia, en el que la organización alerta sobre abusos de la fuerza pública.
“Hay que analizar siempre esos documentos con mucha serenidad y así lo hemos hecho, pero yo debo manifestar mis preocupaciones. A mí me preocupa que haya imprecisiones y me preocupa que no se diga la verdad sobre avances” en la defensa de derechos humanos, dijo el mandatario.
La cancillería informó más temprano en un comunicado que presentará sus comentarios al reporte en Ginebra, por considerar que no es “integral” ni está “actualizado”.
También porque, según el ministerio de Relaciones Exteriores, el documento contiene “consideraciones que rayan en opiniones políticas, así como apreciaciones y conclusiones que exceden su campo de acción”.
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La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos alertó el miércoles sobre homicidios y otros abusos cometidos presuntamente por miembros del ejército y la policía desde la firma del acuerdo de paz que desarmó y transformó en partido a la exguerrilla FARC en Colombia.
El representante de la alta comisionada Michelle Bachelet aseguró que 15 personas murieron presuntamente a manos de la fuerza pública en 2019, la cifra más alta registrada por esa oficina desde 2016, cuando se firmó el pacto con la que fuera la guerrilla más poderosa de América.
Las muertes ocurrieron supuestamente en medio de “operaciones militares relacionadas con seguridad ciudadana” y “la lucha contra el narcotráfico”, según Alberto Brunori, representante en Colombia de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Brunori consideró además que hubo “respuestas excesivas” por parte de la fuerza pública en el marco de las protestas que estallaron en Colombia el 21 de noviembre contra el gobierno de Duque.
Entre ellas la muerte de un joven de 18 años por las heridas en la cabeza que le provocó un policía con una escopeta cargada de perdigones, así como torturas, tratos crueles, amenazas de muerte, golpizas a manifestantes e intimidación a periodistas.
Antes de la firma de la paz, las fuerzas militares enfrentaron el mayor escándalo de su historia por las ejecuciones extrajudiciales de unos 2.248 civiles.
