Miembros de las Farc, en cabeza de Félix Antonio Muñoz Lascarro alias 'Pastor Alape' están en Bojayá (Chocó); donde hace 13 años se vivió un episodio que enlutó al país, cuando en medio de un enfrentamiento entre insurgentes de esa guerrila se enfrentaron con paramilitares y un cilindro bomba cayó en la iglesia y causó decenas de muertes de pobladores que se refugiaban en el templo.
La tragedia ocasionó la muerte de 119 personas y el desplazamiento de casi 6.000 civiles, convirtiéndose en una de las cicatrices más notorias del conflicto interno armado en el país.
Para conmemorarlo una delegación de las Farc viajó al municipio chocoano para hacer un acto de perdón público, en memoria de las víctimas de ese atentado. En el lugar estuvieron presentes representantes de la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja y autoridades regionales, que acompañarán a las víctimas.
La jornada se realizó en la población de Viejo Bellavista, el mismo lugar en el que se dio el enfrentamiento entre el frente 58 de las Farc y el bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas, que dejó a la población civil en medio del fuego.
Esta no es la primera vez que la guerrilla reconoce su responsabilidad en este ataque. En La Habana las Farc ya habían pedido perdón a un grupo de víctimas de Bojayá que viajó a la isla, el 18 de diciembre de 2014.
Durante esa reunión los delegados del grupo guerrillero pidieron perdón por sus actos, mientras reconocían que “nunca hubo intención de lastimar a la población civil y menos a los ancianos y niños inocentes que murieron en este lamentable hecho”, a la vez se comprometían a “resarcir los daños causados y reparar a las víctimas de estos hechos, así como a no repetir jamás este tipo de situación”.
Pero no solo las Farc y los Paramilitares, también el Estado colombiano deberá pedir perdón. El pasado mes de septiembre el Consejo de Estado rechazó una tutela que buscaba tumbar un fallo del Tribunal Administrativo del Chocó que condenó a la Nación por la masacre.
Allí, se indicó que el Ministerio de Defensa, es responsable por estos hechos, por omisión, porque tenía el deber de velar por la seguridad de la ciudadanía que estaba en medio del enfrentamiento de dos grupos ilegales.
Dicho fallo fue más allá y advirtió que la responsabilidad viene desde el mismo presidente de la República de la época, Andrés Pastrana, su cúpula militar y otros funcionarios por lo que compulsó copias en su contra.
En específico se compulsó copias a la Comisión de Acusaciones para que investigue al presidente Pastrana, así como a la Fiscalía, la Procuraduría y a la Contraloría para que determinen las omisiones en las que habrían incurrido el entonces ministra de Defensa, Gustavo Bell; el exministro del Interior Armando Villa; el comandante de las Fuerzas Militares, Fernando Tapias y el comandante del Ejército, Jorge Enrique Mora Rangel.
Igualmente, se compulsaron copias contra el entonces comandante de la Armada, Hernando Willis, y el exdirector de la Policía Nacional, Luis Ernesto Gilibert, “en cuanto desoyeron por completo sus funciones y por ello dieron pábulo a que la crisis humanitaria analizada se convirtiera en dolorosa realidad”.
“La inacción de éstos servidores públicos abrieron el abanico para que los actos previstos por los organismos policiales y militares regionales no solo se concretaran y extendieran en el tiempo, sino que con sus conductas se abrió paso al indebido menoscabo -del erario público correspondiente a las indemnizaciones que se reconocen, por ello, es criterio de la Sala que tal conducta aparece nítida como dolosa y permisiva, sin fundamento alguno y pueden por ello responder en repetición por los costos que sus entidades deben sufragar para restituir las cosas a su estado anterior, en cuanto fuere posible”, señaló dicho fallo.
Allí, de hecho, se ordenó al Estado a realizar un acto de excusas públicas en el seno de Bojayá, que deberá ser citado y costeado del bolsillo de la Cúpula Militar.
Además, se ordenó a la Fiscalía seguir con la investigación contra las Farc y las Auc por la cris humanitaria provocada, por el delito de toma de rehenes, por la privación de las vidas que inmolaron, así como que se investigue a los jefes de esos grupos ilegales como autores intelectuales de los hechos y se ordenó al Ministerio de Defensa que sea esa Cartera la que le pida a la Fiscalía que reabra la investigación.
*Bogotá | Colprensa
