Desde el inicio de la gestión de Carolina Corcho en el Ministerio de Salud, en agosto de 2022 –con el arribo de Gustavo Petro a la Presidencia–, se han destinado $79.000 millones para ejecutar 765 contratos. ¿En qué se gasta esa plata una de las funcionarias más polémicas del primer gobierno de izquierda en el país?

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El COLOMBIANO revisó con lupa y a fondo estos procesos y encontró, de entrada, algunos detalles paradójicos: el 95% de los contratos (732 y cuyo monto en conjunto suma $34.523 millones) han sido por prestación de servicios; y es precisamente ese tipo de contratación la que el propio Gobierno quiere acabar, según lo dicho por Petro y el Ministerio del Trabajo.

Sobre los demás contratos firmados durante la gestión de Corcho –salpicada por polémicas como su intención de acabar las EPS o los retrasos en la adquisición de vacunas contra la viruela del mono–, este diario encontró 13 por compraventa, dos por seguros, dos por suministro y uno más por consultoría, obra y servicios financieros.

Esta radiografía surgió de inspeccionar lo firmado entre agosto de 2022 y enero de 2023, y el criterio para filtrar las contrataciones analizadas en estas páginas se basó en que tuvieran asignaciones superiores a los $700 millones.

Así las cosas, entre los documentos publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Púbica (Secop) se encuentra el proceso de selección abreviada por el cual el Ministerio de Salud contrató el suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para “el desplazamiento de servidores públicos y/o contratistas del Ministerio de Salud y Protección Social y la Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes”.

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Este contrato tuvo un valor de $821’119.197 y se firmó el 22 de diciembre con la empresa “Viaja por el Mundo - Nickisix 360 SAS”. Además, tiene un plazo de ejecución que se extiende hasta el próximo 30 de junio.

La empresa contratista está representada legalmente por Hans Naihans, quien se ha hecho a más de un centenar de contratos con una amplia variedad de entidades públicas, que van desde el Sena, el Invías y la Dirección Nacional de Inteligencia hasta la Armada, Parques Nacionales Naturales y la Gobernación del Quindío.

Incluso, desde que se dio el ascenso de Petro al poder ha logrado ganar 14 contratos, como los que firmó con la Comisión de Regulación de Energía y Gas y el Fondo Nacional Ambiental de la Anla (Agencia Nacional de Licencias Ambientales). Todos –al menos hasta ahora– revestidos de legalidad.

Ahora bien, la veeduría sobre los recursos públicos y la forma en que se invierten son la base para que las entidades del Estado estén bajo vigilancia y haya transparencia en su ejecución, en especial cuando tienen una chequera tan grande como el Ministerio de Salud liderado por Corcho.

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De hecho, solo el sector educación está por encima de esta cartera en términos de presupuesto asignado. El ranquin ministerial está así: Educación tiene $54,8 billones; Salud, $50,7 billones; Hacienda, $48,7 billones; Defensa, $48,3 billones; Trabajo, $37,9 billones; Transporte, $14,8 billones; Vivienda, $6,4 billones; Minas y Energía, $7,6 billones; Agricultura, $4,1 billones.

Por eso es necesario seguir el rastro de la contratación. Y, en efecto, al verificar los $79.000 millones que ha destinado la administración Corcho en contratación se encuentran episodios como el que protagonizó hace menos de una semana en Villavicencio.

Allí, en un polideportivo improvisado como recinto y que terminó emulando la plaza pública de quien quiere hacer proselitismo –hasta aprovechó para acusar otra vez a las EPS de malversar los recursos del sector–, la ministra de Salud anunció el inicio de un programa en el Meta que, según ella, será modelo a seguir a nivel nacional.

Se trata de un giro de $50.000 millones a 163 hospitales, de los cuales cinco se encuentran en ese departamento, para que puedan contratar personal de salud con garantías laborales y complementen los recursos que tienen los alcaldes y gobernadores producto de las regalías. Una jugada clave de inversión en pleno año electoral, cuando se reconfiguran los cuadros de poder a nivel regional.

“Lo que queremos no es solo que el sistema sea preventivo, sino que se atienda a los pacientes en el lugar donde viven. En ese sentido, tendríamos en todo el territorio nacional el desplazamiento con transporte multimodal del personal de salud desplegado”, expresó Corcho sobre su programa, que al menos en lo discursivo pinta bien.

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Y aquí se conecta otro de los objetivos contractuales del Ministerio de Corcho. En efecto, el contrato con “Viaja por el Mundo” es para el transporte –tanto terrestre como aéreo– y se rubricó en las últimas semanas del año 2022 por $821,1 millones.

La campaña por la reforma

Pero el rastro de lo hecho en Villavicencio arroja más pistas. En su discurso de poco más de 13 minutos, Corcho aprovechó para lanzarles pullas a los representantes de las EPS con los que se ha reunido y que tienen reparos a la reforma a la salud que presentarán en febrero al Congreso.

Calificó de “poderosos contradictores” a las personas y sectores que públicamente expresan sus dudas sobre los cambios en el sistema de salud que ha esbozado el Gobierno desde agosto. Incluso, les exigió que argumenten “sin la mentira, sin la calumnia, con la verdad y con la propuesta: a eso es lo que estamos invitando a nuestros poderosos contradictores”.

Lo que se le olvidó mencionar es que la Superintendencia de Salud incurrió en un craso error cuando primero acusó a las EPS de tener una deuda de $50 billones, pero luego tuvo que rectificar la cifra y reducirla a $23 billones.” ¿Y esto qué tiene que ver con el seguimiento a la contratación que ha hecho el Ministerio?

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Pues que en ese “toma y dame” con las entidades prestadoras de salud, Corcho instruyó a su equipo para promover una campaña en medios que le permita divulgar la cirugía al sistema de salud que pretende ejecutar, de la cual ya hay un borrador en el despacho de Petro. El bemol es que nadie más la conoce, pese a que ya está la orden de darle visibilidad mediática.

De hecho, en vísperas de la pasada Navidad, el representante opositor Andrés Forero (Centro Democrático) reveló que el Ministerio frenó la realización de una campaña para promover esa reforma en medios de comunicación, la cual tenía un músculo cercano a los $700 millones para ejecutarse.

El problema, como se dijo, es que es por lo menos contradictorio querer hacer una cruzada para ambientar un borrador de reforma que nadie más conoce. Finalmente, los $682’797.657 que estaban destinados para esa campaña se reasignaron para otros rubros, pero dentro de un mismo contrato.

Eso se hizo ya que la frustrada campaña “pedagógica” hacía parte de todo un proceso que tenía como objeto contratar “los servicios de producción, postproducción y emisión de estrategias de comunicación establecidas por el Ministerio de Salud a través de medios masivos alternativos y/o comunitarios de comunicación nacional, regional y local”.

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Según la información registrada en la página de contratación pública, el valor total de ese contrato fue de $6.130 millones y fue adjudicado mediante contratación directa a Radio Televisión Nacional de Colombia; entre sus temáticas a tratar está la vacunación en la primera infancia y contra el covid, la donación de órganos, salud mental y advertir sobre los peligros del uso de pólvora.

Sin embargo –y extrañamente–, este proceso ahora no se encuentra en el Secop, pero este diario pudo tener sus detalles porque previamente había accedido a la documentación. En todo caso, fuentes enteradas esbozaron la tesis de que la campaña pedagógica de la reforma que nadie conoce se habría caído por las advertencias que se hicieron desde el Congreso y por una posible empapelada a la que se exponían desde la Procuraduría por los días (solo 21) que tenía para su ejecución.

Preocupación por los ascensores

Eso sí, en la chequera del Ministerio de Corcho hay más. Por ejemplo, existen otras dos contrataciones que llevó a cabo en diciembre y que estuvieron encaminadas, por un lado, a adquirir “el hardware y los componentes tecnológicos para la actualización de la infraestructura tecnológica del Datacenter” de la sede de la entidad, y –por el otro– a hacer “mantenimiento de ascensores propiedad del Ministerio”. Contratos que fueron firmados el 7 y el 23 de diciembre pasado, respectivamente.

El primero se celebró mediante la modalidad de selección abreviada de subasta inversa y tuvo un valor de $3.241’555.193, distribuidos así: $331’822.620 para la empresa Colsof SAS, y $2.909’732.572 para Redcomputo Ltda.

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El representante legal de esta última firma es Marco Antonio Nieto Román, quien ha estado en ese mismo puesto con otras compañías a las que se les han adjudicado 201 contratos con entidades como la Agencia del Espectro, el Inpec, el Ministerio del Interior y la Policía. Esto es otro indicio de que el autodenominado “gobierno del cambio” mantienen lazos con quienes ejecutan la chequera oficial desde tiempo atrás.

Y es que en lo que va corrido del nuevo gobierno, Nieto ha estado trabajando para empresas que ganaron 17 contratos en entidades como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, el Inpec y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

En ese contexto de un Ministerio interesado en su mobiliario aparece un contrato hecho de forma directa, firmado el 23 de diciembre por $1.313’251.775 y cuyo objeto es hacer mantenimiento a los elevadores y el “suministro de repuestos nuevos y originales para los cinco ascensores” de la sede central de la entidad, en el centro de Bogotá.

La empresa a la que le adjudicaron esta contratación fue Otis Elevator Company Colombia SAS y es representada legalmente por Rafael Martínez Neira. Esta empresa ha ganado 202 contratos con varias de entidades del Estado, que van desde la Corporación Autónoma Regional del Tolima, la Procuraduría, el Ideam, la Fiscalía –seccional Caribe–, el Senado y la Registraduría, entre otros. Eso sí, la experiencia para cumplir lo que contrata tampoco está en duda.

Es por eso que a esa misma empresa, en lo que va del gobierno, le han adjudicado 21 contratos con entidades del orden nacional y territorial. La mayoría firmados en noviembre de 2022 y enero de 2023.

Ahora bien, toda esta radiografía de en qué se gasta los recursos el Ministerio de Carolina Corcho tiene una constante vigilancia legal de entidades como la Contraloría y la Fiscalía y es precisamente a esas entidades a las que les corresponde verificar que todo esté en regla, y –de paso– alertar si hay indicios de irregularidades.

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