La desmovilizada guerrilla de las Farc deberá responder ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por el reclutamiento forzado de más de 5.200 menores de edad, según un informe que la Fiscalía colombiana entregó a ese alto tribunal.

Así lo aseguró el ente investigador en un comunicado, donde señala que “la Fiscalía General de la Nación (FGN) cuenta con 4.219 investigaciones atribuibles a las Farc-EP en todo el país, por delitos relacionados con la ‘vinculación y utilización’ de 5.252 niñas, niños y adolescentes (NNA), por los cuales hay 5.043 procesados”.

La información entregada por la Fiscalía a la JEP añade que las Farc “usaron la violencia física y las amenazas hacia los menores y sus familiares” y que en otros casos se aprovecharon de la inmadurez de los menores y de las difíciles condiciones de pobreza y familiares que atravesaban “haciendo uso de estrategias persuasivas y de engaños para lograr su incorporación”.

Según el informe de la Fiscalía, la vinculación de menores fue “un hecho violento que siempre tuvo latente la amenaza de fusilamiento a aquellos que consideraran desertar”.

El ente acusador señala que la edad más recurrente de reclutamiento forzado de menores de edad por las Farc fue a los 14 años, aunque se encontraron 910 víctimas entre 10 y 14 años.

Detalló que los diez departamentos que concentran el 77 % de las investigaciones son: Meta (23 %), Antioquia (11 %), Guaviare (11 %), Putumayo (9 %), Caquetá (7 %), Tolima (3 %), Cauca (3 %), Cundinamarca (3 %), Chocó (3 %) y Nariño (3 %).

Un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) publicado en febrero de este año aseguró que 16.879 menores de 18 años fueron víctimas de reclutamiento entre 1960 y 2016 por parte de todos los actores que intervinieron en el conflicto armado colombiano, según el informe “La guerra sin edad” del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

El estudio constata que todas las guerrillas, los grupos paramilitares, las bandas criminales surgidas tras su desmovilización en 2006 integraron en sus filas a menores de edad.

La semana pasada, el líder máximo de las Farc, Rodrigo Londoño, conocido en su época de guerrillero como “Timochenko”, pidió perdón a las víctimas de secuestros cometidos entre 1993 y 2002 y sus familias al comparecer por primera vez ante la JEP.

Falsos positivos

Además, la Fiscalía entregó un informe a la JEP en el que identifica 2.248 casos de “falsos positivos”, entre 1988 y 2014, como se conoce el asesinato de civiles a manos de militares para presentarlos como guerrilleros muertos en combate.

El organismo acusador señaló que “este fenómeno se incrementó a partir del año 2002 y conoció su etapa más crítica entre 2006 y 2008”, los años en que se concentran el 59,3 % de los casos.

La Fiscalía aseguró que 5.626 personas han sido procesadas por estos delitos, de los cuales 3.826, el 68 % del total, eran soldados en el momento en que ocurrieron los crímenes.

También se han enjuiciado a 992 suboficiales (17,6 %), 514 oficiales (9,1 %) y 133 civiles (2,4 %).

La mayoría de las víctimas fueron hombres jóvenes entre los 18 y 30 años, quienes se dedicaban a las labores de campo y trabajos informales en la ciudad”, agregó la información.

El ente registró muertes de civiles hechos pasar por guerrilleros en al menos 27 de los 32 departamentos del país, aunque la mayoría de los casos se concentraron, con gran diferencia, en Antioquia, con el 29,4 % de estos asesinatos. Le siguen Casanare, que presenta el 7,9 % de los casos; Cesar, con el 7,7 % y Meta, con el 7,5 %.

La JEP anunció el pasado 9 de julio que el general retirado Henry Torres Escalante, acusado de participar en varias de estas ejecuciones extrajudiciales, aceptó someterse al tribunal de paz.

Torres, quien está privado de la libertad desde 2016 en la Escuela de Infantería del Cantón Norte, en Bogotá, se convirtió así en el primer militar en presentarse ante este organismo.