Un informe preliminar de la Contraloría General de la República que se filtró a medios de comunicación dejó en evidencia los graves problemas que han rodeado el proyecto de la represa de Hidroituango.
La Contraloría encontró varias irregularidades entre como hallazgos fiscales que suman 4 billones de pesos, la omisión de la licencia ambiental para construir el túnel que colapsó, el conocimiento y alerta por parte de la Junta Asesora del proyecto la cual no se tuvo en cuenta y el plan de aceleración para cumplir con la fecha de apertura el 01 de diciembre de 2018.
Sobre estos hallazgos del ente de control, la Empresa Pública de Medellín (EPM) informó que este es un documento interno de trabajo y que se “encuentra a la espera del informe final de la Contraloría General de la República y hasta que no sea notificado oficialmente y lo analice no se pronunciará al respecto”.
Pocos minutos después de que se conociera el documento preliminar, el vicecontralor Ricardo Rodríguez dijo que aún se están analizando las respuestas de EPM “que tenía doble rol como socio y constructor” en una entrevista con la emisora La W.
El funcionario añadió que el informe que se conoció el lunes “es de trabajo interno, en esa condición estamos revisando todo los presuntos responsables” de las problemáticas en Hidroituango, y explicó que se está investigando a las empresas que han tenido que ver con el proyecto, así como las personas particulares que han hecho parte del proceso y que tendrían responsabilidad en las irregularidades identificadas.
La conclusión del informe preliminar, que debía publicarse completo este miércoles 17 de julio, es que el Proyecto Hidroeléctrico Ituango se vio afectado por “una serie de acontecimientos que se tradujeron en la paralización del mismo, daños en su estructura y equipos, el riesgo en grado de alerta roja, aún en firme, para las poblaciones aguas abajo y una alteración de la normalidad ecosistémica del Río Cauca, situaciones que impactaron el normal desarrollo del proyecto y su gestión financiera o económica”.
Hallazgos Fiscales
La Contraloría hizo un hallazgo fiscal de $4 billones de pesos distribuidos en $1,1 billones por lucro cesante (dinero que la compañía EPM dejó de recibir porque la presa no entró en operación en diciembre de 2018) y $2,9 billones más por lo que el ente de control llamó “destrucción de valor”.
“Hay dos elementos importantes, uno es que el proyecto debió haber entrado en función de promesa de valor para que él hiciera la producción de energía, lo que se hace (la Contraloría en su informe) no es nada diferente a estimar con las cifras disponibles de cuánta fue la energía que dejó de facturar por la situaciones presentadas”, explicó Rodríguez.
En lo que respecta a los $2,9 billones por “destrucción de valor” expertos explican que, en el caso de Hidroituango, hace referencia a las pérdidas de la infraestructura como la intervención de los túneles y las afectaciones a la comunidad vecina a la represa.
El sobrecosto por el concepto de destrucción de valor está distribuido en un aumento en el valor de las obras principales del proyecto, seguido de las inversiones en infraestructura y, por último, en ingeniería y administración.
Por otra parte, el lucro cesante, es decir el dinero que EPM no recibió porque el proyecto no está en funcionamiento, fue establecido por un equipo experto en la materia, que determinó y cuantificó la existencia de este déficit por la no entrada en operación de las unidades 2, 3 y 4 de la hidroeléctrica. Este equipo estimó ese valor en $1,1 billones.
Licencia Ambiental
En marzo pasado se entregaron los resultados del estudio realizado por la firma chilena Skava Consulting, contratada por EPM para determinar la causa raíz del colapso del túnel Galería Auxiliar de Desviación (GAD) que ocasionó la emergencia en Hidroituango en abril del 2018.
Según Skava “hubo deficiencia en el diseño del túnel GAD durante la etapa de asesoramiento” al momento de construir este túnel en 2014. Una de estas irregularidades es que la construcción de este nuevo túnel no contó con la licencia ambiental obligatoria que emite la ANLA, y que es requisito para iniciar las obras.
Estas deficiencias y la falta de la licencia fueron confirmadas por la Contraloría, que explicó en su informe que la inclusión de la GAD consistió en una “modificación estructural que cambió la concepción para el llenado del embalse y el cierre definitivo de los túneles iniciales (izquierdo y derecho) a pesar de su importancia y del riesgo que comprometía, no solo para el proyecto sino para la zona de influencia, fue iniciada sin contar con licencia ambiental actualizada”.
Esta irregularidad ya había sido denunciada por el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, a finales de febrero de este año, cuando dijo que “en ese túnel auxiliar se inició la construcción sin tener la modificación a la licencia ambiental, nosotros al enterarnos de esto, inmediatamente dimos traslado de esa información tanto a la Procuraduría General de la República como a la Fiscalía General de la Nación”.
Sin embargo, la semana pasada, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) impuso una multa de $1.718 millones a la sociedad Hidroeléctrica Ituango, por irregularidades en la construcción y operación del proyecto, que corresponde a la falta de estas licencias.
Según el actual gerente, el túnel se hizo durante la administración de Juan Esteban Calle quien lo precedió en el cargo.
