La Unidad para la Reparación de Víctimas realizó este domingo una serie de actos públicos con los que se reconoció la responsabilidad del Estado en la masacre de 43 personas, ocurrida en el municipio de Segovia (Antioquia) el 11 de noviembre de 1988.
A los actos de reconocimiento y disculpas públicas, realizados desde el medio día en Segovia, asistieron una delegación de víctimas sobrevivientes, familiares y sus representantes, altos funcionarios del Estado, autoridades locales, además de delegados de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la gobernación de Antioquia.
El acto se realizó en el parque principal de este municipio del nordeste antioqueño y se realizó en cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa No. 38/05 Petición 108-00, celebrado entre el Gobierno Nacional y los familiares de las víctimas, homologado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
En memoria de las personas asesinadas en la masacre perpetrada por un grupo paramilitar hace 27 años, por la que el Estado aceptó su responsabilidad por omisión, se realizó una marcha desde el cementerio hasta el parque principal, donde tuvo lugar una misa, una actividad simbólica de memoria y una obra de teatro. También se emitió un documental, seguido de las intervenciones de las víctimas y del Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera, quien presidió el acto.
La proyección del documental producido por la Unidad para la Reparación a las Víctimas, en homenaje a las personas asesinadas y sobrevivientes de la masacre hacen parte de las medidas de satisfacción pactadas dentro del acuerdo para la reparación integral entre el Estado colombiano y las víctimas.
A través de la Unidad para la Reparación a las Víctimas, el Estado ha venido realizando un acompañamiento a la población objeto de la reparación con medidas de rehabilitación física, mental y psicosocial, así como de reparación simbólica, como lo constituyen el reconocimiento de responsabilidad y los actos de desagravio de la jornada de este domingo.
El proceso por la masacre de Segovia
En septiembre de 2015, luego de 27 años, el Estado reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad en los hechos y pactó un multimillonario acuerdo para resarcir a las víctimas por las afectaciones a la vida, a la salud, el daño moral, el perjuicio material, entre otros, que tuvieron que sufrir por cuenta de la acción armada.
El horror paramilitar fue calificado por la Corte Suprema de Justicia como una retaliación, en contra de una población que en la primera elección popular de alcaldes eligió a Rita Ivonne Tobón, de la Unión Patriótica, y se alejó del cacicazgo liberal que representaba Pérez García. El político, que fue presidente de la Cámara de Representantes, está condenado por ser el autor intelectual del hecho, específicamente por colaborar con la creación del grupo Muerte a Revolucionarios del Nordeste Antioqueño (MRN) que ejecutó la matanza.
Esta condena contra Pérez se profirió en el 2013 e incluye la orden de indemnizar a algunos familiares de las víctimas, por haber sido estigmatizados por su pertenencia a la UP, lo que motivó un desplazamiento. Igualmente, en 1998 fueron condenados cinco militares y cuatro civiles a penas de entre 18 y 30 años de prisión y al pago de daños y perjuicios a las víctimas, sentencia que fue modificada por el Tribunal Superior de Bogotá en 1999, reduciendo las condenas de un civil, de 30 a 26 años, y de otras dos personas, de 28 a 26 años, por la prescripción del delito de lesiones personales.
Por otro lado, las víctimas presentaron ante el Tribunal Administrativo de Antioquia una demanda resarcitoria que culminó el 12 de mayo de 1994, con un acuerdo en el cual el Estado reconoció su responsabilidad y ordenó el pago de indemnizaciones por los perjuicios sufridos.
*Bogotá | Colprensa
