Al rendir cuentas de sus primeros 100 días al frente de la entidad, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, anunció que se trabajará en una política que permita en los estrados judiciales hacer una defensa más efectiva de los niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual.

“Este escenario de feminicidio parece una epidemia en Colombia”, lamentó el procurador, al referirse a los recientes casos de violencia contra esta población que se han presentado en todo el país.

En el caso de la menor Sara Salazar Palacios, de tres años de edad, abusada y asesinada, el procurador cuestionó la tolerancia y la flexibilidad que existe en el sistema, en general, para que no ocurran errores ni vicios en las entregas de custodias, por ejemplo.

Corrupción

En su balance y en materia de lucha contra la corrupción, Carrillo señaló que se han dictado 250 sanciones disciplinarias por casos de corrupción; 403 servidores públicos sancionados y dijo que el 50 % de ellos corresponden a alcaldes, gobernadores o docentes.

“Hemos logrado con las demás entidades de control armar un frente común contra la corrupción como no se había visto antes en Colombia, para demostrar que en este país no hay intocables, que la justicia y los órganos de control pueden llegar a combatir este fenómeno”, agregó.

Sobre el caso Odebrecht, en donde se le abrió investigación a la exministra Cecilia Álvarez, el procurador dijo que se trabajará para poder tomar declaraciones de los Ejecutivos de la empresa brasileña antes del 31 de mayo, cuando se revelarán las confesiones de 77 funcionarios en el vecino país.

Sobre el caso de la Refinería de Cartagena y los sobrecostos en su modernización, el procurador dijo que estas investigaciones no vienen tan adelantadas. “Vamos mostrar resultados más adelante. Esto tiene connotaciones internacionales, empresas internacionales, que han sido sujetos activos de la corrupción”, dijo.

“Hay multinacionales que han convertido ‘megaobras’ en ‘megatumbadas’ y lo que tenemos que parar es esa epidemia de que las empresas pueden creer que la impunidad los va a cobijar y que no van a pagar las consecuencias de sobornar a funcionarios a lo largo y ancho de la región”, señaló.

En ese sentido, el procurador solicitará audiencias en España con los jueces que adelantan las investigaciones en el denominado Caso Lezo, “porque lo que indican hasta el momento los hechos es que aquí hubo sobornos, conductas que tienen que ser investigadas”.

Balance

Carrillo destacó acciones en la protección del medio ambiente, la acción popular presentada para la recuperación del cayo Johnny Cay, la alianza para la protección de la defensa de la reserva Seaflower; el acompañamiento en la retoma de posesión de terrenos indebidamente ocupados por particulares en el Tayrona y la alerta sobre los altos niveles de riesgo a las comunidades aledañas a la Ciénaga de Santa Marta.

Carrillo destacó la lucha que libró la Procuraduría para no ser excluida de la Justicia Especial de Paz y resaltó la visita a la Zona Veredal Transitoria de Normalización en Mesetas, Meta, la reunión con los alcaldes y personeros de las ZVTN y el apoyo de los instrumentos jurídicos para la consolidación de la paz en Colombia.

El procurador señaló que ha recorrido once departamentos, realizado siete audiencias públicas y tramitando más de 130 quejas presentadas por la ciudadanía, como el compromiso que adquirió el 16 de enero de 2017 de desbogotanizar la Procuraduría y construir un nuevo país “desde los territorios y no desde los escritorios”.