La Contraloría anunció la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por $23.308 millones por presuntas deficiencias en la construcción del puente Hisgaura, en Santander
Luego de que la Contraloría anunció la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por $23.308 millones por presuntas deficiencias en la construcción del puente Hisgaura, el Invías hizo público este miércoles un comunicado de cinco puntos en el que asegura que de parte de este gobierno no hubo ninguna irregularidad.
En primer lugar, afirma el Invías que el puente Hisgaura, en el departamento de Santander, fue contratado por el Gobierno anterior a través del Fondo Adaptación y ejecutado por la firma española Sacyr S. A.
“La intervención de este Gobierno –a través del Invías– se limitó, únicamente, a recibir la obra de acuerdo con el informe de la interventoría y atendiendo las recomendaciones de la mesa de expertos que para tales fines se integró, en cumplimiento de los requerimientos que formuló la Contraloría General de la Nación (CGR) sobre el proyecto”, señala el comunicado.
Un informe de la Contraloría encontró fallas en el tablero del puente, en la totalidad de la carpeta asfáltica y en el concreto de los andenes. Manifestó además que la vida útil de la obra, prevista para 75 años, se recortará significativamente por la presencia de fisuras y grietas que ya se están presentando y que se van a incrementar con el tiempo.
La apertura de investigación anunciada por la Contraloría cobija a un total de 18 personas (15 naturales y 3 jurídicas), entre los que figuran tres exgerentes del Fondo Adaptación (Carmen Elena Arévalo, Iván Fernando Mustafá y Edgar Ortiz Pabón), el actual director del Invías, Juan Esteban Gil, y su antecesor en este cargo, Carlos Alberto García.
También se vinculó al contratista, Sacyr Construcción S. A y a las firmas WSP ingeniería Colombia SAS, y Estudios Técnicos y Asesorías S.A., interventoras de la obra en diferentes periodos.
En el comunicado emitido por el Invías, el director de la entidad, Juan Esteban Gil, afirmó que probará que su participación no puede ser objeto de reproche fiscal.
