Hasta el próximo 31 de julio tendrán plazo los exintegrantes de la desaparecida guerrilla de las Farc para hacer entrega de todos los bienes que reportaron en agosto de 2017 y que están destinados a la reparación de las víctimas que dejaron sus acciones.

Según el consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, tras la firma del acuerdo de paz no se había establecido la forma ni los plazos en los que los excombatientes debían entregar dichos bienes y por eso hoy, dos años y medio después de que se hiciera público el inventario, los exFarc no han cumplido con la totalidad del compromiso.

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Por esa razón, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 205 de 2020 en el que le pone límites a la entrega material de los bienes reportados y define el proceder en caso de que se incumpla con esta fecha. 

“Para nosotros es muy importante que estos bienes puedan ser entregados, puedan ser monetizados, y que con esos recursos se repare a las víctimas. Primero, por la cuantía y la importancia de las cifras, pero en segundo lugar, porque dentro del proceso de sanación y perdón esto tiene un efecto simbólico que es muy importante”, manifestó Archila.

El consejero recordó que en su momento las Farc anunciaron que el monto a entregar sumaba alrededor de un billón de pesos, de los cuales $500.000 millones corresponden a bienes que nunca hubieran podido ser utilizados para reparar, por cuanto se trataba de vías, campañas de vacunación, aportes para obras, brigadas de salud, entre otros elementos de este tipo.

Aseguró que de los otros $500.000 millones, lo que han podido recibir y monetizar son apenas un poco más de $3.000 millones.

¿Y si no se cumple?

El Gobierno aseguró que la decisión de ponerle límite a la entrega de los bienes también tiene su razón de ser en que los exFarc tampoco han aportado a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la información necesaria.

Emilio Archila explicó que una vez se cumpla con la fecha límite para la entrega de lo prometido, el Gobierno Nacional informará a la Fiscalía y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para lo de sus competencias.

Para la recepción, verificación, custodia y administración de los activos inventariados se requiere la designación de delegados de las Farc, que cuenten con la información suficiente para identificar los bienes.

Para tal fin, el decreto establece la creación de una Comisión Transitoria de Verificación de Bienes y Apoyo al Administrador del Patrimonio Autónomo, con el objetivo de asegurar el apoyo técnico, administrativo y financiero que requiere la SAE para la administración de los activos inventariados.

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Por parte del Gobierno, esta Comisión será integrada por delegados de los ministerios del Interior, Justicia, Defensa, Agricultura; el Dapre; las oficinas del alto comisionado para la Paz y del alto consejero para la Estabilización y Consolidación; el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social; la Superintendencia de Notariado y Registro; el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC);y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Hasta anoche, ninguno de los miembros del cuadro directivo del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) se había pronunciado sobre el plazo que les puso el Gobierno. 

El único que se refirió al tema, en entrevista con la W Radio, fue el representante a la Cámara Olmedo Ruíz, quien calificó como “arbitrario” el Decreto expedido esta semana.

“Muchos de los bienes incluidos en las listas se los han robado y se han perdido por la falta de gestión del Estado”, dijo.