En la declaración más contundente que se le haya escuchado en los 38 días que lleva el paro camionero el presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció en la mañana de este jueves una serie de medidas con las cuales -según señaló- se espera devolver a los colombianos sus derechos a la alimentación, la movilización y al trabajo.

“Es evidente que la forma y las exigencias en esta protesta van en contravía de los derechos de los colombianos a la seguridad alimentaria, a la libre circulación, a la tranquilidad y al trabajo”, manifestó Santos desde la Casa de Nariño donde estuvo acompañado por su equipo de gobierno.

Este paro “afecta gravemente todo el aparato de producción nacional” y “es mi deber como jefe de Estado proteger siempre el interés general y los derechos de los colombianos frente a los intereses económicos de unos pocos”.

En el paquete de medidas que dispuso y que se aplican de forma inmediata está la inmovilización e incautación de los vehículos que se usen para bloquear las vías o impedir el servicio de transporte.

De la misma manera dispuso cancelar la licencia a los conductores que participen en bloqueos; cancelar la licencia de operación a propietarios y empresas e imponer multas hasta por 480 millones de pesos; además de cancelar las matriculas de los vehículos que se presten para vías de hecho.

Otra de las determinaciones está relacionada con la habilitación, temporalmente, de vehículos particulares para transportar carga. Anunció además que se establecerá un centro logístico para facilitar el movimiento de carga en coordinación con los empresarios y los transportadores que quieren trabajar.

A esto se suma el que no se habilitarán las básculas y en los peajes se dispondrá de más funcionarios para agilizar la movilidad de los camiones.

En cuanto al orden público, el presidente de la República dijo que la Fuerza Pública se ha hecho presente en las carreteras y ha protegido más de 1700 caravanas contra las agresiones y actos violentos.

Sobre la militarización de las carreteras manifestó: “He dado la orden de duplicar el número de efectivos de nuestra Fuerza Pública en las carreteras. Serán 50.000 hombres quienes garantizarán la seguridad en las vías y acompañarán las caravanas de las empresas que quieren seguir trabajando”.

Pese a las medidas que por parte de los camioneros fueron consideras como impositivas y militares, el presidente Santos reiteró la disposición del Gobierno Nacional para encontrar soluciones concertadas, “pero realistas para los reclamos de los transportadores, en particular los más pequeños”.

“Nuestra voluntad de lograr acuerdos requiere que se acaben las vías de hecho y violencia y que los derechos de todos los colombianos sean respetados. Así hemos actuado y así lo seguiremos haciendo”, sostuvo.

El mandatario indicó que si se aceptan las exigencias que están sobre la mesa, se suben un 10% los productos de la canasta familiar.

Frente a la chatarrización señaló que es inaceptable mantener el actual esquema porque es un foco de corrupción y en vez de disminuir la sobreoferta de camiones está produciendo el efecto contrario.

“Esta corrupción la tiene identificada el Fiscal General quien anoche informó que va a proceder contra ellos. Estos individuos han convertido el programa de chatarrización en un negocio particular en el que las principales víctimas son los pequeños transportadores”.

Para Santos es claro que existe un cartel del transporte que fija los precios y prohíbe la competencia. 

Bogotá | Colprensa