Casi nueve años después de haber sufrido un revés jurídico en la defensa de su mar territorial frente a Nicaragua, Colombia llega de nuevo al tribunal internacional de justicia de La Haya.
Esta vez, lo que está en discusión es si el país ha violado la soberanía de Nicaragua en el Mar Caribe o si, por el contrario, es ese país el que ha vulnerado los derechos de los habitantes y comunidades raizales del archipiélago de San Andrés a la pesca y obtención de un sustento económico.
Si bien no está en juego la soberanía de Colombia sobre las islas, como lo deja en claro el coagente de Colombia ante el tribunal, Manuel José Cepeda, sí puede tener importantes implicaciones sobre la posibilidad de explotar económicamente y proteger la seguridad de una zona marítima importante para el país.
En entrevista con Colprensa, Cepeda asegura que Colombia tiene argumentos sólidos para defender su caso ante el tribunal en esta ocasión.
¿Qué espera hacer Colombia distinto para evitar que otra vez nos ocurra lo mismo que en el pasado y seamos derrotados en La Haya por Nicaragua?
Comprendo su inquietud, pero está pregunta amerita una precisión. En términos generales, a la luz del fallo de 2012, se podría decir que, aunque la Corte delimitó las Zonas Económicas Exclusivas, Nicaragua no obtuvo su pretensión principal contra Colombia, que era apropiarse del Archipiélago.
La Corte no le concedió a Nicaragua soberanía alguna sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ni le reconoció soberanía sobre los cayos del Archipiélago, como lo pretendía ese país. Tampoco le reconoció las pretensiones subsidiarias como el enclave total de las islas. Por el contrario, le reconoció a San Andres, Providencia y Santa Catalina plenos derechos de Zona Económica Exclusiva. En el caso de los cayos Quitasueño y Serrana, sí las enclavó y les dio un mar territorial completo de 12 millas. También estableció que dado que Quitasueño si emergía, era suceptible de apropiación y es de Colombia. No enclavó los otros cayos.
Después de las nuevas demandas de Nicaragua, Colombia conformó un equipo con el que ha venido trabajando durante varios años con toda dedicación y rigor para defender los más altos intereses de Colombia. Radicó los memoriales escritos correspondientes y está preparada para asistir a la audiencia pública convocada por la Corte relacionada con la demanda que interpuso Nicaragua en 2013 acerca de las Supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe.
Colombia tiene argumentos sólidos para la defensa del pleno ejercicio de sus derechos. Ello nos llevó, precisamente, a contrademandar a Nicaragua. Contamos con una estrategia clara y contundente que ha sido definida por la defensa, en un trabajo coordinado con los abogados internacionales, la Armada Nacional, el equipo Raizal y la Cancillería.
Este no es un caso de delimitación marítima ni de soberanía territorial. La soberanía de Colombia sobre las islas no está en discusión.
Nicaragua acusa a Colombia de haber incumplido el fallo de La Haya sobre el mar territorial. ¿Cuáles son las pruebas con las que cuenta Colombia para demostrar que sí cumplió?
La CIJ, en su fallo de excepciones preliminares de 2016, negó la principal pretensión de Nicaragua en el sentido de que se declarara que Colombia estaba amenazando usar la fuerza en la zona. La Corte decidió de manera unánime que no tenía competencia y resaltó que la situación en el mar Caribe era calmada y estable.
También advirtió que no iba a pronunciarse sobre como ejecutar el fallo de 2012. El objeto del caso es si Colombia ha violado los derechos invocados por Nicaragua.
En el marco de este proceso, Colombia contrademandó a Nicaragua. En primer lugar, Nicaragua ha desconocido la existencia de los derechos tradicionales de pesca de los habitantes del archipiélago, en particular de la comunidad Raizal, para acceder a las aguas donde se encuentran los bancos en los que han pescado por siglos. En segundo lugar, Nicaragua expidió un decreto contrario al derecho internacional relacionado con los puntos y líneas de base a partir de los cuales mide sus espacios marítimos en el Mar Caribe, buscando adjudicarse de forma unilateral áreas marinas en detrimento de Colombia y de otros estados.
¿Por qué afirma Colombia que Nicaragua está violando los derechos de los habitantes del archipiélago de San Andrés?
Nicaragua desconoce la existencia de los derechos tradicionales de pesca de los habitantes del archipiélago y de la comunidad Raizal. En múltiples ocasiones, les ha impedido acceder a las aguas donde se encuentran los bancos tradicionales, en los que han pescado por siglos. Ese es su hábitat natural e histórico.
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