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Fajardo acude a la CIDH para que revise fallo sobre Hidroituango

Martes, 30 de Noviembre de 2021
Sergio Fajardo cuestionó la independencia de la Contraloría en el fallo sobre Hidroituango.

El exgobernador de Antioquia y precandidato presidencial, Sergio Fajardo, acudirá a instancias internacionales para que revisen el fallo en segunda instancia de la Contraloría General de la República (CGR), que lo declaró como uno de los responsables fiscales por la contingencia en el proyecto Hidroituango.


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De hecho, Fajardo solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues considera que Carlos Felipe Córdoba, actual contralor general, prejuzgó en su caso, entre otras cosas, para poner en riesgo su aspiración presidencial, la cual espera que los organismos internacionales le permitan proteger.

Durante una rueda de prensa convocada para este martes 30 de noviembre, Fajardo hizo hincapié en que el contralor no cumpliría funciones de forma independiente, sino que su actuar estaría basado en intereses políticos, específicamente por los lados del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y el expresidente César Gaviria. Dijo el candidato presidencial que tiene pruebas para demostrar que este ha sido un proceso con irregularidades.

 

“Hasta hoy he mantenido mi defensa en reserva, pues consideré que era la mejor manera de proteger lasa instituciones, pero creo que es fundamental hacerla pública. Es esencial que se conozca la verdad”, manifestó Fajardo e hizo referencia a que quienes manejan hoy algunas entidades de control incurren en actos de corrupción y deshonestidad.

“Cumpliremos la cita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para materializar las medidas cautelares que solicitamos tiempo atrás. Nada nos impide seguir en la carrera por la Presidencia de la República”, sostuvo.


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Entre las “irregularidades, incoherencias y rarezas” que considera el exgobernador que hay en el fallo del organismo de control están que la solicitud de control excepcional sobre el proyecto Hidroituango fue presentada por un amigo del contralor Córdoba y que la a imputación estaba determinada antes de que concluyera la investigación.

Asimismo, Fajardo opina que el contralor general falló la recusación aun cuando estaba inhabilitado para hacerlo y que el organismo de control no incluyó en el fallo de responsabilidad fiscal a EPM, aunque era uno de los avaladores de las decisiones que se tomaron durante la ejecución de la megaobra.

Entre otros aspectos, el candidato presidencial sostiene que la Contraloría violó el derecho a la defensa, pues no permitió este proceso antes de emitir el fallo en segunda instancia y que “decidió arbitrariamente al vincular y desvincular a funcionarios” del caso, a lo que se suma que, en su consideración, no decretó pruebas para nuevas acusaciones de la imputación, mientras que tampoco tuvo en cuenta los pagos millonarios que ya venían haciendo las aseguradoras ante la contingencia en el megaproyecto.

Para Fajardo, el fallo en su contra busca generar dudas y culparlo de algo a como dé lugar, tal como asegura que lo han intentado algunas cabezas de la Contraloría a lo largo de su carrera política. “Intentaron tacharme de deshonesto, no pudieron y hoy tampoco podrán. Esta vez es diferente, en otras ocasiones, al menos existía sutileza en las trampas, pero este último año ya no se cuidan, no hacen el más mínimo esfuerzo por ocultar sus intereses políticos”, sostuvo el exgobernador.

La decisión fiscal, que tiene un global de 4,3 billones de pesos que deben pagar los declarados responsables por la Contraloría, golpea a Fajardo políticamente y abre interrogantes sobre la viabilidad de su aspiración, pese al respaldo casi que generalizado que ha recibido, incluso, de sus contendores.

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A juicio de Fajardo y de su equipo, el fallo no está ejecutoriado hasta tanto no pase por el alto tribunal, por lo que no ve afectada su aspiración presidencial y menos, en caso de ganar, su posesión.

Pero tiene otro camino ante instancias internacionales, el cual ya comenzó a recorrerlo. Se trata de pedirle un pronunciamiento de fondo a la CIDH alegando que, por una decisión administrativa o fiscal, se terminan violentando sus derechos políticos.

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