Al lugar fue enviada la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía para esclarecer el presunto caso de falso positivo.
Luego de que el Ejército reportara las bajas de 11 presuntos disidentes de las Farc y la comunidad denunciara que las personas asesinadas eran campesinos que se encontraban en un bazar veredal, la Fiscalía General anunció la apertura de investigaciones.
“Fiscalía destacó un fiscal de la Unidad Especial de Investigación, un fiscal de la Dirección de Derechos Humanos y un equipo técnico de investigadores, criminalísticos y médicos forenses del CTI para investigar hechos ocurridos en Puerto Leguízamo, Putumayo, donde murieron 11 personas”, afirma el ente acusador.
#Fiscalía destacó un fiscal de la Unidad Especial de Investigación, un fiscal de la Dirección de DD.HH, y un equipo técnico de investigadores, criminalísticos y médicos forenses del CTI para investigar hechos ocurridos en Puerto Leguízamo, #Putumayo, donde murieron 11 personas.
Los hechos a los que hace referencia la Fiscalía ocurrieron este 28 de marzo en la vereda El Remanso de Puerto Leguízamo. La versión del Ejército señala que en una operación militar dieron de baja a 11 disidentes de las Farc, incluso, el presidente Iván Duque catalogó la operación como una “ofensiva sin tregua contra estructuras narcoterroristas”.
Por su parte, testigos y familiares de las víctimas aseguran que hasta El Remanso llegaron miembros del Ejército y dispararon indiscriminadamente a los habitantes que se encontraban en un convite que pretendía recolectar dinero para mejorar los caminos de su corregimiento.
Entre tanto, la Defensoría del Pueblo constató que en el lugar murieron civiles, entre los confirmados se encuentran el presidente de la Junta de Acción Comunal, su esposa, un joven de 16 años y un gobernador indígena.
Por esta situación el Ministerio Público pidió “el rápido esclarecimiento” y añadió que la población civil debe quedar al margen de cualquier acción bélica dentro del conflicto.
Pese a las alertas de organizaciones campesinas y de la Defensoría del Pueblo, el ministro de la Defensa, Diego Molano, insistió en que la operación de sus hombres cumplió con todos los protocolos exigidos.
“A los ´inocentes civiles´ se les incautó: arsenal de guerra; granadas, fusiles, proveedores, cartuchos, entre otros”, dijo Molano y posteriormente llevó la discusión al terreno de la política: “No fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados. Defendemos a colombianos, Petro embustero, ¿de qué lado está?"
No es neutralización señor presidente Duque, es asesinato.
No eran 11 integrantes de las farc, eran campesinos e indígenas civiles desarmados, incluidos niños.
Entre tanto, la Red de Derechos Humanos del Campesinado del Putumayo reiteró su llamado para que las investigaciones aclaren “en debida forma los hechos presentados”.
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